El Senado aprobó ayer con 53 votos a favor y 2 en contra la ley que estatiza la administración de la infraestructura ferroviaria, en el marco de un amplio consenso entre oficialistas y opositores.

El proyecto que crea la empresa Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado -encargada de articular todo el sector ferroviario nacional- fue aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados y el Senado lo convirtió en ley en tan solo dos días.

Esto se debió en parte al consenso que tuvo el texto entre los bloques opositores, dado que tanto la UCR como el PRO y el Peronismo Federal votaron a favor junto al oficialismo, mientras que sólo Fernando «Pino» Solanas (Proyecto Sur) y Norma Morandini (Frente Cívico) lo hicieron en contra.

Al igual que ocurrió en la Cámara de Diputados, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, concurrió a presenciar el último tramo de la sesión y estuvo presente durante la votación.

La defensa inicial del proyecto estuvo a cargo del oficialista Adolfo Bermejo, presidente de la comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado, quien lo calificó como «una reparación histórica» y agregó: «Quienes venimos del interior sabemos de los efectos negativos que tuvieron las políticas desacertadas de los 90».

«Lo central es ponerse a la altura de nuestra historia y recordar cuando Raúl Scalabrini Ortiz decía que adquirir ferrocarriles era adquirir soberanía. Recuperar ferrocarriles es recuperar soberanía«, agregó Juan Manuel Abal Medina, quien cerró el debate por el oficialismo.

Por su parte, el jefe del bloque de la UCR, Gerardo Morales, justificó el voto favorable de su bancada, al considerar que el proyecto «reafirma la idea de que el Estado reasume facultades» y reconoció, además, la gestión Randazzo, en materia ferroviaria.

No obstante, recordó la tragedia de Once como «la bisagra que puso la realidad sobre la mesa» y opinó que «hubo un festival de subsidios para los amigos del poder desde 2003 hasta 2012», en referencia a los concesionarios.

La peronista federal Liliana Negre de Alonso aseguró que el bloque que encabeza Adolfo Rodríguez Saá votaría a favor «por convicción, por principios y por testimonio», pero reclamó «volver a la gestión directa del Estado sobre los ferrocarriles».

En tanto, el senador del PRO Diego Santilli justificó el apoyo del macrismo a la iniciativa al señalar que el transporte de mercadería en camión es más caro que en tren y sostuvo que con este proyecto se abre «una nueva oportunidad».

A su turno, Solanas consideró que el Gobierno debe «exigirle a los concesionarios la reposición de todos los bienes que se les entregaron para que mantuvieran el servicio en funcionamiento» y subrayó que «nunca hubo un Estado más estúpido y estafado que éste».

En tanto, Morandini señaló que su voto en contra del proyecto fue porque «no cumple en el articulado con lo que enuncia como nacional y popular».

También se expresaron en contra los senadores del FAP Jaime Linares y Magdalena Odarda, pero no estuvieron presentes al momento de la votación.

A continuación, los puntos principales de la norma:

  • Declara «de interés público nacional y como objetivo prioritario la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas», que incluye «la renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías» para la «modernización» del sistema ferroviario.
  • Establece como uno de los principios de la política ferroviaria «la participación pública y privada en la prestación y operación de los servicios de transporte público ferroviario».
  • Obliga al Poder Ejecutivo a «adoptar las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en su caso renegociar los contratos de concesión suscritos» con las empresas privadas.
  • Con ese fin, se establece la creación de la empresa Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, que tendrá como objetivo articular todo el sector ferroviario nacional y que absorberá a la Administradora de Infraestructura Ferroviaria (AIF), la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística.
  • La empresa tendrá un directorio compuesto por seis miembros: un representante de la Secretaría de Transporte; los presidentes de AIF, SOFSE y Belgrano Cargas; dos representantes de los gremios del sector y un representante de los usuarios designados por el Ministerio.
  • El articulado también fija la «modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional» para la operación de los servicios de transporte de cargas y de pasajeros. Esto implica que «cualquier operador ferroviario pueda transportar carga con origen y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien detente la titularidad o tenencia de las instalaciones del punto de carga o destino».