El Senado retomó este jueves el debate sobre el proyecto de reforma judicial, con varias objeciones de distintos juristas, que señalaron que se «contradice con el sistema acusatorio» al que se pretende adaptar y cuestionaron temas como las subrogancias y la transferencia de competencias.
Uno de los puntos en los que coincidieron casi todos los expositores fue en la «contradicción» del proyecto con el sistema acusatorio que se puso en marcha con el nuevo Código Procesal Penal, que pone las investigaciones en manos de los fiscales, en lugar de los jueces.
Entre los expositores ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia que analizan el proyecto estuvo Alberto Seijas, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal que el pasado martes emitió una acordada en la que cuestionó la iniciativa.
Seijas aclaró en primer término que «decir que la Cámara consideró inconstitucional el proyecto es una simplificación extrema», aunque ratificó que «el proyecto plantea la disolución de la Justicia Criminal y Correccional» porque «dispone una transferencia de competencia a la Justicia de la Ciudad».
Tras remarcar que los delitos que juzga ese fuero «son los que más afectan a la ciudadanía, homicidios, femicidios, hurtos», Seijas agregó: «Tendríamos 120 jueces que quedarían sin competencia alguna. Las competencias son transferibles, pero los magistrados no».
El titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, señaló que «el proyecto destaca que quiere la eficaz aplicación del sistema acusatorio (que dispone el nuevo Código Procesal Penal), sin embargo se refiere casi en su totalidad a unificación de fueros y desdoblamiento de tribunales».
«En Salta y Jujuy, donde comenzó a aplicarse el sistema acusatorio, se comprobó que por un lado se necesitan más fiscalías que juzgados», agregó.
Por su parte, Alberto Garay, profesor de derecho de la UBA y la Universidad de San Andrés, sostuvo que «la reforma no es congruente con la reforma del Código Procesal Penal, deberían nombrar más fiscales y no más jueces, porque el trabajo pesado del Código lo van a tener los fiscales».
El especialista en derecho penal Marcos Salt expresó su «coincidencia total con los objetivos del proyecto» porque «no hay dudas de que hay que reformar la Justicia Federal» pero advirtió que «si la ley es sancionada tal cual está, habrá nacido vieja y caduca».
«Si Comodoro Py no da respuesta a lo que necesitamos de la Justicia Federal, ¿por qué pensamos que tener más jueces va a dar respuesta, sin cambiar las estructuras ni el sistema?», agregó.
Entre los primeros expositores, el único que se manifestó completamente a favor del proyecto fue el presidente AJUS (Abogados por la Justicia Social) La Plata- Berisso-Ensenada, Emanuel Desojo, quien criticó lo que calificó como «un plan sistemático de cooptación del Poder Judicial» durante la gestión anterior.
Sobre la iniciativa, sostuvo que «el sistema de sorteos va a ser auditable, esto es un gran paso» y que, por otra parte, el «desdoblamiento de la Justicia Penal en el interior del país es un logro institucional».
El doctor en derecho de la Universidad Nacional de Córdoba Raúl Heredia, quien consideró que la iniciativa «es oportuna», pero también advirtió que «al crear órganos puede estar contradiciendo la finalidad de alcanzar el sistema acusatorio en su plenitud».
Los senadores del oficialismo y de la oposición se centraron en hacer preguntas y pedir precisiones a los invitados, aunque también apuntaron a las motivaciones políticas, como fue el caso del jefe de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, que le preguntó a Desojo si pertenecía «a alguna agrupación vinculada con el kirchnerismo».
La pregunta -ante la cual el invitado dijo que su única militancia era en la agrupación AJUS- molestó al kirchnerista Oscar Parrilli, quien a su turno señaló lo que consideró un «avasallamiento feroz sobre el Poder Judicial» durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.
En este sentido, le preguntó a Gallo Tagle si la Asociación de Magistrados había «hecho algo al respecto», y el invitado afirmó que hubo varios pronunciamientos «con gobierno de distintos signos políticos» cuando «se ha cuestionado a un juez por el contenido de la sentencia».
