Por Facundo Díaz D’Alessandro
En medio de una emergencia generalizada a causa del avance de la pandemia del Covid-19 en el país, que se suma al escenario de recesión y crisis económica prolongada, un grupo de trabajadores de Unife S.A. (empresa que usufructuaba la franquicia de Vittal) en Rosario pasan por horas particularmente aciagas.
A pesar de que el de la salud es uno de los sectores que “combate” en primera línea la propagación del virus y del pedido expreso de autoridades nacionales (luego instrumentado en un decreto) de evitar despidos, la firma decidió la cesantía de alrededor de 35 trabajadores días atrás.
Se trata de personas que prestaban servicio en forma directa, en relación de dependencia (enfermeros, paramédicos, despachadores, administrativos) y de manera indirecta, como monotributistas (médicos, choferes de consulta, maestranzas, entre otros).
La decisión, que fue comunicada entre el 26 de febrero y el 5 de marzo, cuando aún no se había ingresado en aislamiento pero comenzaba a tomarse nota de la más que probable llegada de la pandemia y se vislumbraba la necesidad de solidificar el sistema sanitario para afrontarla.
La gran mayoría de los trabajadores tenían años de antigüedad (en varios casos más de una década), según un informe detallado al que accedió Conclusión y que fue presentado en la Legislatura de Santa Fe.
A todos ellos les impidieron ingresar a trabajar, les hicieron una oferta a cambio de la renuncia y como la rechazaron los despidieron con causa. Tampoco se les abonaron los meses de febrero, marzo y la liquidación final. Se encuentran a la espera de juicios por indemnizaciones.
En el mes de marzo, al dar de baja la franquicia de Vittal, Unife realizó una alianza comercial con Emerger Salud, la cual absorbió el resto de los empleados y comenzó a trabajar los convenios con obras sociales y prepagas que pertenecían a Vittal, ahora como Emerger-Unife.
Unife es una empresa perteneciente al Grupo Unión S.A., dirigida por Fernando y Guillermo Whpei.
Pedidos institucionales
La situación de estos trabajadores de la salud motivó, por lo pronto, dos reclamos institucionales, uno en el ámbito provincial y otro local.
En la Cámara de Diputados de Santa Fe, la bancada de Ciudad Futura-Frente Social y Popular, que preside Carlos del Frade, ingresó un proyecto de comunicación en el que solicita al Ejecutivo, que “a través de sus organismos correspondientes, implemente, en el menor tiempo posible, las medidas necesarias para la recuperación de los 35 puestos de trabajo”.
Repercusión similar tuvo el caso en el Concejo Municipal de Rosario, a instancias de un proyecto presentado por el concejal de Cambiemos, Carlos Cardozo, en el que se solicita a la Municipalidad, mediante la Secretaría de Desarrollo Económico, y al Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Trabajo, “arbitren las medidas para intervenir, atento a la emergencia nacional derivada de la pandemia del Covid-19, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de contención de despidos y la situación de excepcionalidad en la que se encuentran todos los servicios de salud pública”.
Consultado por Conclusión, el edil consideró que “más en estas circunstancias” se debe “entender la salud como un servicio público, que puede ser de gestión estatal o privada”.
“Es básicamente una apelación al ministerio. Es un momento complejo para todo el sistema de salud, que se produzca en este momento y no haya habido intervención. Hable con funcionarios del ministerio. También con gente de la Municipalidad, pero durante el fin de semana los trabajadores se volvieron a comunicar conmigo”, relató Cardozo.
Por último, dijo que espera que exista “alguna posibilidad e explorar alguna salida, ya que es una fusión, en una de esas hay chances de reubicar a parte del personal en la nueva estructura”.
