A pesar de las nuevas restricciones que comenzaron a regir en Santa Fe desde el pasado viernes, las cuales tienen como objetivo disminuir la cantidad de contagios de coronavirus en medio de la segunda ola, durante el fin de semana se registraron fiestas clandestinas en algunas ciudades de la provincia y varias personas fueron notificadas por infringir las recientes normas.

Sin embargo, un hecho sacudió de cerca al gobierno provincial, ya que en una de las fiestas clandestinas desbaratadas durante el fin de semana, la cual se realizaba en un barrio privado a las afueras de la ciudad de Santa Fe, participaba un funcionario de la actual gestión.

Se trata del subsecretario de Comercio Exterior y Nuevas Tecnologías, Lucas Candioti, quien se desempeña como funcionario del Ministerio de Producción que conduce Daniel Costamanga.

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado, en un bar del barrio privado “Aires del Llano”, ubicado en la capital provincial, donde un grupo de personas festejaban el cumpleaños de un empresario inmobiliario. Entre los asistentes a esta fiesta se encontraba Candioti como así también personal médico.

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Una denuncia al 911 alertó a las autoridades policiales sobre la realización de este evento -el cual estaba prohibido incluso antes de que se anunciaran las nuevas restricciones- pero cuando los uniformados llegaron al lugar los asistentes a la fiesta se estaban retirando.

Ante esto, los policías consultaron al fiscal que interviene en estos casos, quien indicó que se de intervención al municipio de Santo Tomé, por lo que ninguno de los presentes fue detenido, identificado o notificado.

Sin embargo, los asistentes a la fiesta clandestina no tardaron en subir videos del evento a sus redes sociales, y en uno de ellos puede verse a Candioti bailando, abrazado a otras personas y sin utilizar tapabocas. Estas características se repiten en varios de los presentes.

Al viralizarse el video, Candioti presentó su renuncia pero desde el gobierno que lidera Omar Perotti evalúan aplicarle sanciones más severas, como una reducción salarial del 50% por tres meses (la otra mitad sería donada a hospitales públicos) y la obligación de que en el horario extra laboral realice trabajos comunitarios que estén relacionados al control de la pandemia.