La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó para mañana a una audiencia de alegatos, último paso antes de que el organismo dictamine sobre la responsabilidad internacional del Estado argentino por la «falta de prevención del atentado a la AMIA, el desvío y encubrimiento de la investigación, la denegación de justicia y la falta de verdad».
La CIDH convocó a la audiencia -en la que estarán presentes representantes del Estado- a partir de un pedido de Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels)
Mañana darán testimonio Diana Malamud y Adriana Reisfeld, de Memoria Activa, que estarán acompañadas por su abogado Rodrigo Borda y por el Cels,, que presentará el alegato sobre los «25 años de impunidad e incumplimiento estatal».
Se trata de la audiencia de alegatos, último paso antes de que la Comisión dicte el informe de admisibilidad y fondo y declare la «responsabilidad internacional del Estado argentino por la falta de prevención del atentado, el desvío y encubrimiento de la investigación, la denegación de justicia y la falta de verdad», informó el Cels en un comunicado.
Para Paula Litvachky, representante del organismo de derechos humanos, la audiencia abrirá una ventana para plantear la responsabilidad del Estado en múltiples aristas. “El caso AMIA es parte de los debates actuales sobre el funcionamiento de las agencias de inteligencia, las policías y la justicia, así como el secreto de Estado”, explicó. “El encubrimiento fue posible porque el Estado se amparó en el secreto”.
Con la solución amistosa, el Estado argentino se había comprometido a habilitar la declaración de los agentes de inteligencia en el juicio y a blanquear los fondos reservados de la entonces Secretaría de Inteligencia (SI). Pero los años mostraron que las reformas que se necesitan son más profundas y que tiene una actualidad acuciante en la justicia federal.
Luego de esto, el caso deberá pasar a ser tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hace 20 años, en 1999, los familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA nucleados en Memoria Activa denunciaron la responsabilidad de la Argentina por la falta de respuesta y por las irregularidades manifiestas para encubrir el atentado que ya eran públicas.
El pedido de Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales responde también al «incumplimiento» del Estado de los compromisos asumidos en 2005, con el decreto 812/05.
Mediante ese decreto, con fecha 12 de julio de 2005, se aprobó el Acta suscripta el 4 de marzo de ese mismo año en la CIDH, por medio de la que el PEN reconoció la responsabilidad internacional del Estado y se propuso una serie de medidas para garantizar la investigación del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994.
Luego de que se conocieran los detalles por el pago ilegal a Telleldín y el TOF3 anulara la investigación del ex juez Galeano en 2004, el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional con la firma de un acta y del decreto 812/05.
«Sin embargo, a 25 años del atentado los familiares siguen sin respuestas y el Estado no avanzó en la agenda de reformas institucionales comprometidas para evitar que hechos como estos se repitan», señaló el CELS en el comunicado.
La Comisión deberá, luego, dictar su informe de admisibilidad y fondo, y elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La audiencia se podrá seguir en directo desde las 10.30 por el canal de la CIDH.
