El Gobierno oficializó ayer, mediante el Decreto 21/2019, la renuncia del secretario de Gobierno de Trabajo y Empleo, Jorge Triaca, con fecha 4 de diciembre pasado, según se publicó hoy en el Boletín Oficial. En tanto una denuncia que lo involucra hizo que resuene nuevamente su nombre el día de hoy. La denuncia incluye además a Rodolfo Alonso, amigo personal de Barrionuevo y flamante interventor de UPSRA. Detallan una supuesta asociación ilícita para evitar las elecciones y quedarse con la organización.

Según publica hoy el portal InfoGremiales.com, una ampliación de denuncia se radicó en las últimas horas contra el más que cuestionado ex secretario de Estado, Jorge Triaca, parte de su entorno y la gente que responde al gastronómico Luis Barrionuevo, entre ellos el flamante interventor de UPSRA, Rodolfo Alonso.

La acusación apunta a Triaca, a su cuñado Sergio Borsalino, a su amigo Patricio Castro, a la saliente Directora Nacional de Asociaciones Sindicales, Karina Palacios Anchorena y a Rodolfo Alonso, Leonidas Requelme y Edgar Selarallan (del gremio de Barrionuevo).

En el escrito, señalan a los implicados de haber “inventado” una agrupación “conformada por miembros que no cumplimentan los requisitos estatutarios” para acceder a los cargos dirigenciales de la organización y los involucra en una presunta “asociación ilícita” y se consignan la comisión de delitos: abuso de autoridad; incumplimiento de los deberes de funcionario; falsedad instrumental; y Estafa.

En la denuncia se consigna a Triaca como autor intelectual de la maniobra y a Borsalino y Palacios Anchorena como brazo ejecutor, junto con Alonso en su rol de interventor.

El texto habla de un “acuerdo” Triaca-Barrionuevo-Requelme y de la ubicación de la esposa de éste último en la junta electoral que debía custodiar los comicios que devolverían la intervenida organización en manos de los afiliados. Ahora son todo una incógnita, porque se descuenta que Alonso los dará de baja para evitar la derrota de los apadrinados por el ex ministro y por “bandeja”.

Además señala las presiones que se ejercieron sobre los miembros de la junta para convalidar la nómina que responde al gastronómico, a pesar de no cumplimentar los requisitos.