Luego de la multitudinaria marcha del #21F, el Gobierno redobla su pelea con las organizaciones sindicales y reflota un proyecto que busca modificar el reparto de dinero a las obras sociales sindicales.
Cambiemos busca cambiar la manera en que, hasta el día de hoy, la Superintendencia de Servicios de Salud otorga los alrededor de $2.300 millones al año a las diferentes obras sociales. Dinero del que depende la salud de decenas de miles de trabajadores en todo el país.
Pareciera que el proyecto de ley aún se encuentra en el laboratorio del Gobierno, por lo que no se conocen muchos más detalles. Se habla de la posible creación de un nuevo organismo público, la «Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria«.
Compuesta por abogados, médicos, científicos; aquella agencia tendría la función de determinar cuándo y cuánto dinero debe recibir una obra social en particular. Principalmente apuntaría a evaluar los casos de tratamientos de alta complejidad de los afiliados a las obras sociales. Y aquí se develan los fines políticos.
Este proyecto se enmarca en la pelea que Cambiemos viene llevando adelante con el mundo sindical. Uno de los grandes negocios de los dirigentes sindicales es la caja de la Superintendencia de Servicios de Salud. Ahora, el dinero no llegaría a todos por igual y se buscará minar la capacidad de algunos sindicatos de imponer sus demandas en el juego político.
