Tras la gran polémica desatada, finalmente el gobernador Omar Perotti decidió dar marcha atrás con el nombramiento del teniente coronel retirado, José Alberto Bernhardt, ex agente del Batallón de Inteligencia 601 durante la dictadura, como director del Servicio Penitenciario provincial.

José Alberto Bernhardt fue funcionario de entre 1995 y 2007, en los gobiernos de Jorge Obeid y Carlos Reutemann. Desde 1995 hasta 1999, ocupó el cargo de subsecretario de Seguridad Pública y su segundo al mando era un ex suboficial del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Nicolás Correa quien, según se reveló después, integró el grupo de tareas que persiguió y fusiló a una militante de la Juventud Peronista en diciembre de 1976.

Por su parte, Bernhardt está denunciado desde noviembre de 2015, incluido por el Programa Verdad y Justicia del ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre los oficiales y suboficiales que integraron el Batallón de Inteligencia 601, considerado el sistema neurálgico de la dictadura cívico militar, que conectó las máximas autoridades con los campos de tortura y desaparición de personas.

El nombramiento de Bernhardt desató un verdadero tembladeral entre los organismos de Derechos Humanos, que reaccionaron inmediatamente, repudiando la decisión de Perotti y le pidieron que la rectifique. «No queremos genocidas en el gobierno democrático expresaron desde la regional Santa Fe de la organización Hijos, de la que es parte la secretaria de Derechos Humanos, Lucila Puyol y la directora de Memoria, Valeria Silva.

En tanto, la regional Rosario también rechazó la decisión de Perotti de nombrar como funcionario al coronel retirado que operó en Batallón 601, «sitio neurálgico del terrorismo de estado donde se definían las operaciones clandestinas que ejecutaban los grupos de tareas».

También se pronunciaron en esa misma línea la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Colectivos de Ex Presos Políticos, el Foro contra la Impunidad, que manifestó que Bernhardt «perteneció a la estructura central del genocidio». «Entre 1995 y 1999 –señalaron- Bernhardt tuvo como asesor a Correa, “imputado y procesados por delitos de lesa humanidad»,  y «desconocemos que haya condenado el terrorismo de estado o aportara información a la justicia». «Sí sabemos que en 1982, momento en que la dictadura cívico-militar comenzó a retirarse, fue incorporado al núcleo selecto de los genocidas». «Nada bueno puede hacer en democracia un funcionario con esas características. Es una pésima medida hacia la sociedad santafesina por parte de un Estado que debe trabajar para consolidar la democracia y el respeto a los derechos humanos. El gobierno provincial tiene tiempo de enmendar su error».

Asimismo alzaron sus voces las Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora y Familiares de Desaparecidos de Santa Fe. «Bernhardt integró el Batallón 601 en 1982 y 1983 -centro operativo de la inteligencia militar, desde el cual se decidían las vías de la represión. Y doce años después, «ejerció como subsecretario de Seguridad Pública de Santa Fe» teniendo como asistente técnico «al conocido asesino y torturador suboficial mayor del Ejército Nicolás Correa, «El Tío Nicola»».

Finalmente, ante el amplio rechazo que generó el nombramiento de Bernhardt, tanto en la oposición como en las propias filas del oficialismo, este domingo se conoció la decisión del gobernador Omar Perotti de dar marcha atrás con la misma.