El senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, elevó a las autoridades de la Cámara de Diputados, Senadores y de la Corte Suprema santafesina un documento en donde responsabilizó al Ministro de Seguridad Marcelo Saín por “cualquier daño o acción violenta” que puedan tener como destinatario al legislador, a su familia o a sus allegados.
Además, el legislador renunció a la presidencia de la comisión de Juicio Político, una de las que investiga el pedido de desafuero que elevaron dos ficales rosarinos para poder investigar a Traferri como presunto organizador de una red de juego clandestino.
Este documento en cuestión, en tanto, fue enviado al presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Miguel Lifschitz, a la presidenta del Senado provincial, Alejandra Rodenas, y a la Corte Suprema de Justicia santafesina.
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En el texto, Traferri aseguró que las acusaciones que lo vinculan con causas relacionadas al juego clandestino están “respaldadas en falsedades y supuestos mendaces e intencionalmente direccionados”.
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En este sentido, reiteró su convicción de que estos hechos están “pergeñados, sostenidos y alentados” por Sain y atribuyó al ministro de Seguridad provincial “cualquier daño o acción violenta” que lo pueda tener como destinatario.
Además, el senador enfatizó: “No existe otro sujeto que tenga para conmigo la violenta animosidad que el referenciado (Sain) ha demostrado y reiterado de manera sostenida respecto de mi persona y rol institucional”.
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A su vez, el Senado de Santa Fe dio ingreso en su sesión de este miércoles y giró a dos comisiones el pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de desafuero a Traferri, requerido por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, para acusar al legislador como presunto “organizador” de una red de juego ilegal en esta provincia, informaron fuentes legislativas.
Los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), consideraron que “la recolección de pruebas es abrumadora. No vamos a cometer la irresponsabilidad de hacer semejante movimiento sin tener evidencia suficiente”.
En su sesión extraordinaria de este miércoles, la Cámara Alta provincial ingresó el pedido del MPA y lo giró a las comisiones de Juicio Político y de Asuntos Constitucionales para su tratamiento. Asuntos Constitucionales y Peticiones y Juicio Político. En medio de una sesión que se desarrolló en un marco de «tensa calma», se decidió citar a los fiscales a la comisión de Asuntos Constitucionales para este jueves a las 10.30.
Por su parte, el senador Traferri renunció a la presidencia de la comisión de Juicio Político.
Traferri es investigado tras la declaración del exfiscal Gustavo Ponce Asahad, imputado y con prisión preventiva por cohecho y asociación ilícita, quien señaló al senador como “la pata política” en la que se apoyó Leonardo Peiti, un capitalista de juego clandestino también imputado en la causa que dijo que le pagaba coimas a los fiscales para no ser investigado.
Por el caso también está imputado y con prisión preventiva el exjefe de los Fiscales de Rosario, Patricio Serjal.
Los fiscales de Criminalidad Organizada aseguran tener evidencia suficiente para llevar al senador a una audiencia de imputación, por lo que solicitaron que la Cámara le revoque los fueros que lo protegen de un proceso judicial.
Traferri dijo que no renunciará a los fueros porque no son personales sino en función del cargo electivo que ostenta, por lo que se someterá a la decisión del cuerpo parlamentario.
El senador por el departamento Rosario Marcelo Lewandowski solicitó durante la sesión de este miércoles un tratamiento con “celeridad” del planteo de los fiscales y que sean recibidos no solo por los miembros de las dos comisiones a las que fue enviado el pedido de desafuero sino por el conjunto de los legisladores.
“Hay poder mediático que permite sentenciar antes de tiempo, y si nosotros seguimos dilatando esa posibilidad es como que dejamos que se siga hablando en los medios y no podemos clarificarlo”, señaló.
Su par de la UCR, Felipe Michlig, dijo que “si bien queremos darle celeridad, los apresuramientos pueden no ser los indicados”, y pidió respetar “los procedimientos, la Constitución y las leyes”.
