Los líderes de los grupos de Empleadores y Trabajadores inauguraron hoy las jornadas de debate abierto en la Conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, con un esperado contrapunto sobre sus visiones del mundo laboral actual y futuro, cada vez más divergentes y que anticipan el calor que tomarán las discusiones la próxima semana.
El jefe del Grupo de los Empleadores, el danés Jorgen Ronnest, primero en la lista de oradores para las sesiones plenarias de debate, reconoció que el panorama del empleo y la distribución de la riqueza «tiene como telón de fondo un empeoramiento del desempleo mundial, desigualdad cada vez mayor y sueldos más limitados».
Sin embargo, llamó a «no partir de la base de manera pesimista de que las condiciones de empleo y de distribución del ingreso existentes van a persistir de manera inevitable o que se vayan a reproducir en un futuro cercano».
Al respecto, pidió que se reconozca que «las tasas de pobreza se redujeron en todos los países y los ingresos de un ciudadano medio de un país pobre se están acercando más a los ingresos de un ciudadano medio de un país rico».
Además, sostuvo que la relación de empleo clásica «se está convirtiendo en una relación más madura y compleja».
«La percepción del trabajador de la seguridad del empleo depende tanto de los términos del servicio de su contrato como de las condiciones del mercado laboral en general, como las tasas de desempleo o la eficiencia de las políticas laborales», dijo.
En otras palabras, definió que «la estabilidad del empleo no depende ya simplemente de tener un contrato permanente. Del mismo modo, no todas las formas atípicas de empleo son de baja calidad y, demonizarlas, no reconoce el valor que tienen tanto para los trabajadores como para los empleadores».
Según el líder empleador, «las formas atípicas de empleo si están bien diseñadas y reguladas pueden proteger a los trabajadores y ayudar a las empresas a dar respuestas a las demandas del mercado».
«Las tendencias actuales todavía distan mucho de tener un alcance universal, pero toda reflexión sobre el futuro del trabajo debe integrar de manera adecuada estos factores, por lo menos si lo que pretendemos es entender mejor cuáles son las medidas políticas necesarias».
Para ello, planteó la gestión y la adaptación del cambio como claves del éxito, una mejor interconexión entre los sistemas educativos y las empresas y la colaboración entre el sector público y privado para anticipar las necesidades del futuro.
El jefe del Grupo de Trabajadores, el belga Luc Cortebeeck, en cambio, fue más dramático en el diagnóstico sobre el mundo del trabajo, en el que 201 millones de personas no tienen empleo o están subempleadas, según dijo.
«El desempleo juvenil sigue siendo un enorme problema con consecuencias sociales devastadoras. Los empleados precarios o informales son cada vez más numerosos. La libertad sindical y los derechos laborales se están atacando, se está destruyendo la negociación colectiva y aumentaron las desigualdades en los ingresos. Hay millones de personas sin protección social o tienen una reducida. La discriminación de género y la brecha salarial entre hombres y mujeres persiste en los mercados de trabajo».
Cortebeeck aseguró que hasta 2030 «habrá que crear más de 600 millones de puestos de trabajo y tienen que ser trabajo decente».
También apuntó a las cadenas de suministro globales, que representan más del 60 por ciento del comercio mundial en la economía real y «están contribuyendo a la desigualdad, no consiguen pagar sueldos que permitan vivir, niegan los derechos fundamentales sindicales y de trabajo y están frenando el desarrollo. Hay pruebas de que está aumentando el trabajo informal, que se convierte en una esclavitud moderna en esas cadenas», denunció.
«Estamos de acuerdo con que el trabajo no debe solo satisfacer las necesidades materiales sino también la búsqueda individual para el desarrollo personal y el deseo de contribuir a una causa mayor», pero «esta visión ideal dista mucho de la realidad de la vida de millones de personas», resaltó.
El sindicalista llamó a poner en el centro de la reflexión el Convenio 122 de la OIT, que refleja el principio de libertad de elección del empleo; a reconocer las fronteras en el planeta y las consecuencias del cambio climático, y como necesidad y urgencia invertir en la economía verde.
«El trabajo decente para todos debe seguir siendo el objetivo fundamental para la OIT y eso implica identificar a los sectores que van a crear los trabajos del futuro: los servicios, la industria de los cuidados y la economía verde», señaló.
También abogó por un entorno macroeconómico que «coloque el objetivo del empleo pleno y decente en el centro de las políticas económicas y sociales y que intente estimular la demanda agregada».
«La clave para el éxito es la necesidad de coordinar las políticas tanto nacionales a través de la coordinación entre los ministerios, como las internacionales», ya que «queda mucho por hacer» para alcanzar los objetivos de justicia social, concluyó.
La previa estuvo signada por el debate, sin embargo, una tregua entre trabajadores y empleadores permitió el normal debate en la reunión anual de la OIT.
La Comisión de Aplicación de Normas y Convenios, único órgano de control de la OIT sobre el cumplimiento por parte de los estados miembros de la normativa internacional, la lista de casos en los que el organismo tripartito deberá intervenir ante denuncias o violaciones.
Desde hace tres años esta comisión funcionó con sobresaltos y hasta estuvo paralizada porque al abordar casos que involucraban el Convenio 87 de Libertad Sindical, trabajadores y empleadores no pudieron conciliar posiciones sobre si el derecho de huelga está implícito o no en dicha norma y si por lo tanto concierne a la OIT definir sus alcances.
En febrero, los grupos de Trabajadores y Empleadores acordaron dejar la controversia hasta fines de 2016 para permitir que la Comisión de Normas funcione, consenso que trabajó con esfuerzo por entonces el Consejo de Administración, órgano de gobernanza de la OIT, y que amagó en las últimas semanas con romperse en medio de acusaciones cruzadas entre los dos grupos en pugna, de las que no estuvieron ajenos algunos gobiernos.
“Mantenemos nuestras visiones sobre el derecho de huelga pero tenemos el compromiso de que la Comisión de Normas funcione”, resaltó en ese momento el presidente del Grupo de Empleadores, el danés Jorgen Ronnest, en la sesión plenaria de apertura ante las 185 delegaciones nacionales tripartitas, mientras que su par del Grupo de Trabajadores, el belga Luc Cortebeeck, confió en que el paquete de medidas acordado “deberá permitir que la comisión funcione”.
En los pasillos el debate estuvo instalado y los trabajadores aseguraron que existe una avanzada de la contraparte para no reconocer el derecho de huelga, mientras que los empleadores sostuvieron que tal derecho debe estar limitado en sus alcances por las legislaciones nacionales, idea que ratificaron hoy.
Para el Grupo Gubernamental, la cuestión quedó saldada en una declaración en la que consideran que el derecho de huelga está ínsito en el Convenio 87 aunque sujeto a las prácticas nacionales.
Pero las diferencias con los otros grupos volverán a ponerse sobre la mesa en dos años y “sería impensable” tratar el derecho de huelga en una conferencia, según el ministro, quien estimó tres caminos posibles: ir a la Corte Internacional de Justica (CIJ), solución planteada por Argentina, insistir con la creación de un tribunal en la OIT, o buscar el consenso, hoy con pocas posibilidades.
Para el ministro de Trabajo Cárlos Tomada, la clave está en que las organizaciones sindicales de América latina y el Caribe consigan la fuerza necesaria para contrapesar en esta discusión, de manera de “llevar a que los Empleadores morigeren la posición».
Al respecto, la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, evaluó que el movimiento obrero internacional “tiene un temor larvado por la pérdida de puestos de trabajo” como consecuencia de la crisis, situación “muy marcada en los sindicatos europeos y en Asia-Pacífico, que como plantean la necesidad de sostener el empleo, prefieren no abrir un debate sobre el derecho de huelga que pudiera lleva a que la CIJ afirme que no está ínsito en el Convenio 87”.
La funcionaria, que condujo la Comisión de Normas durante tres conferencias, reseñó que la discusión sobre el derecho de huelga empezó hace tres años con “la pérdida de poder en el mundo del movimiento sindical por el fuerte avance de la desocupación y por la consolidación del poder empresarial”.
El secretario general de la UOCRA y representante gremial argentino ante el organismo multilateral, Gerardo Martínez, sostuvo hace dos días que la avanzada del poder empresarial es consecuencia de “la desnaturalización de la doctrina trazada por toda jurisprudencia de la OIT”, ya que los voceros de esta posición sobre el derecho de huelga “son los principales bufetes de abogados de las multinacionales de los países que más practican el modelo neoliberal” y “no estamos discutiendo del otro lado con los genuinos empresarios”, lo que “rompe el esquema y la lógica” del tripartidismo de la OIT.
En cambio, el presidente de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) e integrante de la delegación empresarial argentina, Daniel Funes de Rioja, dijo que “aquellos que dicen que hay una ofensiva de negatoria del derecho de huelga están totalmente equivocados. No es la posición de la OIE, no la ha sido y no la va a ser”.
“Lo que está puesto en debate por los empleadores es la regulación concreta con respecto al derecho de huelga en las modalidades de ejercicio”, que creemos “deben esta regidas por las legislaciones laborales nacionales” para que la OIT intervenga “solo cuando la legislación nacional implique una restricción irrazonable que cercena el ejercicio de la libertad”, precisó.
“El punto fue ¿está implícito o no el derecho de huelga en el marco de la OIT? Está implícito en el contexto de la normativa, no está implícito en el Convenio 87. Nadie discute que puede haber derecho de huelga. Ahora la regulación es nacional. Esta es la posición empresarial”, afirmó.
En cuanto a los posibles caminos para dirimir la controversia, Funes de Rioja sostuvo que adoptar un convenio específico “va a ser más limitativo” del derecho de huelga, mientras que recurrir a la CIJ “es tercerizar las soluciones” cuando el valor de la OIT “es ese tripartismo en acción que genera consenso”.
«Es lógico que el tema derecho de huelga genere fricciones. Si todo fuera pacífico en la OIT o estamos todos muertos o somos todos hipócritas y estamos dispuestos a no cumplir nada. Las normas están para cumplirlas”, concluyó.
