El diputado nacional por Santa Fe, Eduardo Toniolli se mostró sumamente crítico con la investigación que llevan adelante los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez sobre las supuestas maniobras de espionaje ilegal que habría perpetrado el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain cuando estuvo al frente de esa cartera. Toniolli insistió en que «no es más que un intento de lawfare a la santafesina» y apuntó contra el Ministerio Público de la Acusación, al que considera muy permeable a algunos sectores del poder.
«Desde un principio dijimos que esta causa configura un intento de lawfare a la santafesina, es un mamarracho en todo sentido y tiene un objetivo exclusivamente político·, señaló en diálogo con Conclusión.
«No se puede poner sobre la picota la honorabilidad de funcionarios, que te pueden gustar mas o menos. Pero acá estamos hablando de fiscales que han montado toda una estratagema en alianza con los medios de comunicación para instalar la idea de que en la provincia de Santa Fe hay o hubo espionaje ilegal y que habría unas mil carpetas de seguimiento a funcionarios, empresarios, dirigentes, políticos periodistas…Y resulta que no había nada de eso y todo fue un montaje», remarcó el legislador.
Toniolli recordó además que «se trata de los mismos fiscales que tienen en sus manos todos los elementos necesarios para avanzar en los procesos judiciales en los que se investiga a funcionarios de la gestión anterior del Frente Progresista del Ministerio de Seguridad, que estaba a cargo de Maximiliano Pullaro, que pagaron honorarios de los abogados de los policías acusados de la desaparición y muerte de Franco Casco con fondos públicos. Esos mismos fiscales tienen durmiendo esa causa e inventan esta otra, como si no tuvieran nada que hacer», ironizó el diputado.
Consultado por este medio sobre si hay una crisis institucional en Santa Fe, Toniolli apuntó que, desde su punto de vista, lo que hay es un «MPA que, desde su nacimiento hasta la fecha, ha mostrado en determinados momentos demasiada permeabilidad con sectores del poder, ya sea poder político, económico o judicial. Y nosotros lo que necesitamos es un MPA que no sea herramienta para operaciones políticas»
