La Justicia rosarina rechazó ayer la intervención en el conflicto desatado por el desembarco de la aplicación de viajes Uber en la ciudad y generó la reacción del sector taxista, que se movilizó este jueves al Concejo Municipal para pedir sanciones más duras. Algunos concejales repudiaron la decisión judicial y anticiparon que al Municipalidad apelará.

El juez civil y comercial Marcelo Quiroga rechazó la medida autosatisfactiva de la Municipalidad de Rosario contra Uber Argentina, sin más trámite, sosteniendo que la Municipalidad tiene el poder de policía y no requiere la intervención judicial.

En la misma línea se expresó el presidente de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes de Rosario, Mario Cesca, quien consideró que la Justicia «le devolvió la pelota al intendente» Pablo Javkin. Desde su punto de vista, es necesario que el Poder Judicial tome una postura firme en contra de «la coexistencia del sistema legal y el ilegal».

«Si se opta por el sistema ilegal, que nos digan y devolvemos las chapas para pasar a ser ilegales también nosotros. No puede ser que se nos apliquen miles de sanciones y esta gente anda por la calle sin importarle lo que digan el Intendente o los concejales», criticó.

 

«La Justicia dice que el que se tiene que hacer cargo con su poder de policía es el Ejecutivo, necesitamos fuertes operativos y medidas para que estas compañías no vengan a llamar a la gente para que se anote», exigió este jueves José Iantosca, de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxi de Rosario (Catiltar). 

Desde el sector sienten que cuentan con el respaldo del Ejecutivo local y de un amplio grupo de concejales, pero demandan que ese apoyo se traduzca a acciones concretas: un endurecimiento de las sanciones que desaliente a las personas a anotarse para trabajar en la empresa.

«Necesitamos que el Concejo apruebe con urgencia las multas ejemplificadoras para que no se anoten autos a trabajar para Uber. Que sepan que si le agarran el auto les va a costar 100 mil pesos sacarlo. También que les saquen el carnet por lo menos treinta días por hacer transporte ilegal», expresó Iantosca.

Desde Catiltar aseguran que le han acercado a los concejales locales proyectos que modifiquen la normativa actual e imiten la de otras ciudades como Mar del Plata, donde las multas superan los 100 mil pesos. Según indicaron, en Rosario no superan los 40 mil pesos. «Además hemos notado que los jueces más de una vez han sido benévolos. No se siguen las causas ni se les cobra la totalidad de la multa, que a veces pagan en cuotas», señaló Marcelo Díaz, también referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxi de Rosario. 

Rechazo dentro y fuera del Concejo

En el Concejo Municipal afirman que analizarán todas las propuestas y debatirán con todos los sectores que integran el Palacio Vasallo los pedidos del sector taxista. Igualmente, algunos ediles rechazaron la decisión del juez Quiroga. Es el caso del concejal justicialista Eduardo Toniolli, quien calificó la definición como «una lavada de manos de parte de la Justicia».

«Igualmente el fallo no le da ningún tipo de legitimidad a la empresa, sino que resaltó que es el Municipio quien tuvo poder de policía para hacer cesar la actividad que considere ilegítima. Desde nuestro sector político lo consideramos ilegal. Además pone en riesgo las fuentes laborales de quienes están aquí y también el servicio público, y la regulación en manos del Estado», aclaró. 

Y agregó: «El oficialismo nos dijo que el Municipio va a apelar. Lo que requerimos es que tome cartas en los asuntos, no solo con operativos en la calle, sino que también apunte judicialmente como lo ha hecho. Es una empresa que tiene mucho poder de fuego y espalda, puede adquirir posición dominante y puede destruir el servicio público de transporte para después imponer sus propias reglas».

Respecto del pedido de profundizar las sanciones a los conductores que sean detectados trabajando para la empresa, el concejal del oficialismo local, Fabrizio Fiatti, anticipó que será debatido a fondo en las próximas semanas. «Entendemos además que la Justicia no puede desentenderse del asunto. Tenemos un poder de policía municipal y se está ejerciendo incautando los vehículos, pero es el Poder Judicial el que puede hacer cesar la actividad de una aplicación que hoy es ilegal», sostuvo el edil.

En la misma línea se expresó el presidente de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes de Rosario, Mario Cesca, quien consideró que la Justicia «le devolvió la pelota al intendente» Pablo Javkin. Desde su punto de vista, es necesario que el Poder Judicial tome una postura firme en contra de «la coexistencia del sistema legal y el ilegal».

«Si se opta por el sistema ilegal, que nos digan y devolvemos las chapas para pasar a ser ilegales también nosotros. No puede ser que se nos apliquen miles de sanciones y esta gente anda por la calle sin importarle lo que digan el Intendente o los concejales», criticó.