La comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana del Concejo de Rosario elaboró el pasado lunes un pedido de informe dirigido al Ejecutivo local para que detalle las reestructuraciones llevadas adelante por la Secretaría de Control Municipal desde enero de 2020 y las causas que las motivaron, pero llegó la sesión ordinaria del jueves y el expediente no fue incluido. El objetivo del proyecto era conocer a fondo las irregularidades que la titular de ese área, Carolina Labayru, enumeró ante los ediles el pasado 23 de mayo y las acciones desplegadas al tomar conocimiento de las mismas. Aun así, el texto no arribó al recinto, «lo trabó el oficialismo en parlamentaria», afirmó el vicepresidente del cuerpo legislativo y titular de la comisión de Control, Lisandro Cavatorta, en dialogo con Conclusión.

El repaso cronológico es ordenador. El pasado 23 de mayo los concejales de la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana mantuvieron un encuentro con Carolina Labayru, a cargo de la Secretaría de Control municipal, quien dijo que su gestión desarticuló irregularidades en la Dirección General de Tránsito, entre las que -según los ediles presentes- nombró «carga de combustibles en autos particulares» y «sobreprecios en repuestos de vehículos». Esa reunión -a diferencia de lo habitual- no fue transmitida por YouTube, así que no quedó registro audiovisual del diálogo entre la funcionaria y los ediles, pero en todo momento se trató de un intercambio público. Quedó registrado en acta y estuvieron presentes asesores de los concejales.

Al día siguiente -martes 24- salió publicada en el diario La Capital una nota titulada «Una funcionaria denunció hechos de corrupción en la Dirección de Tránsito». El texto incluyó un repaso de las irregularidades enumeradas por la titular del área de control municipal y algunas conclusiones del presidente de la comisión homónima, el concejal Cavatorta, quien afirmó ante ese medio: «Humildemente, que hagan la presentación en la Justicia y el sumario que corresponda para que se den explicaciones por esto. Que hagan las denuncias correspondientes, pero que no lo sufra el vecino». La reacción del oficialismo municipal fue inmediata. Nadia Amalevi, edila de Arriba Rosario e integrante de la comisión de Control, salió a marcar públicamente que la palabra «corrupción» no salió de la boca de Labayru y expresó que en la reunión se habló «sobre las tareas del área para hacerlas más eficientes» así que «no se entiende la declaración de Cavatorta, irresponsable y tergiversada».

El jueves 26 el edificio de la Dirección General de Tránsito apareció con carteles pegados que declaraban «persona no grata» a la secretaria de Control y Convivencia. Un hecho que el propio intendente Pablo Javkin repudió ese mismo día cuando tuvo contacto con la prensa. «Es mugre de la politiquería», aseveró. En ese intercambio con los medios también habló de la discusión pública en torno al encuentro que tuvo Labayru con los ediles: «Hubo una reunión que la funcionaria, con generosidad, decidió hacer en su despacho en vez del Concejo para que puedan ver el funcionamiento de ese lugar y después apareció una serie de trascendidos de esa reunión con supuestas cosas que la secretaria debería haber hecho a partir de lo que dijo en esa reunión».

Por otra parte, el titular del Palacio de los Leones respaldó a su funcionaria y aseguró que a algunos «les molesta que haya mujeres tomando decisiones».

El lunes siguiente (30 de mayo) la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana volvió a reunirse. Esta vez en el Anexo Alfredo Palacios, con transmisión en vivo y publicidad directa. Estuvieron presentes María Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), Marcelo Megna (Unión Cívica Radical), Valeria Schvartz (Volver a Rosario), Carlos ‘Charly’ Cardozo (Unión Pro-Juntos por el Cambio), Nadia Amalevi (Arriba Rosario) y Lisandro Cavatorta (Todos Hacemos Rosario). Este último, presidente de la comisión, puso el tema sobre la mesa y planteó explícitamente, en al menos dos oportunidades, que todos los presentes escucharon que Labayru «habló de agentes que cargaban combustible en sus vehículos personales, también de que había informes de acarreos de vehículos que no se condecían con la realidad y se querían facturar igual y de sobreprecios en repuestos de vehículos».

En otro momento de la reunión, Cavatorta incluso se dirigió a Amalevi y le preguntó directamente: «¿Vos escuchaste a Labayru confirmar que había agentes que cargaban nafta en sus vehículos particulares y por eso cambiaron el sistema?». «Somos concejales, no me entrevistes», respondió Amalevi en alusión al trabajo de periodista del ahora edil rosarino. La concejala oficialista quiso que en todo momento quede claro que la palabra «corrupción» no salió de la boca de la funcionaria. Algo que los demás integrantes de la comisión reconocieron, no sin dejar de hacer foco en la cuestión de fondo: las irregularidades desarticuladas por la actual gestión municipal. Acciones que, tal consideró la totalidad de los ediles presentes, exponen el valor de la tarea de la actual titular de la Secretaría de Control.

Posteriormente, ratificado que los ediles escucharon hablar de situaciones irregulares en el área de control y con el repudiable escrache registrado en la Dirección General de Tránsito, los concejales de la comisión acordaron la elaboración de dos expedientes: uno que expresaba la solidaridad del cuerpo con la secretaria de Control y Convivencia municipal y otro que pedía «que el Ejecutivo detalle las reestructuraciones llevadas a cabo en la Secretaría de Control y Convivencia de Rosario desde enero del 2020 al presente».

Este segundo pedido de informe -de tres artículos- también buscaba saber las causas que motivaron dichas reestructuraciones y «de haberse encontrado irregularidades» además solicitaba conocer «si se han realizado los sumarios o medidas que hayan correspondido».

El pedido de informe que salió acordado de comisión.

NO SALIÓ

El segundo expediente no llegó al recinto. Según relató Cavatorta en dialogo con Conclusión, luego del encuentro del lunes Amalevi comunicó que no iba a acompañar el pedido de informe. De esta manera, el texto no pudo avanzar en la comisión de Labor Parlamentaria, lugar donde se definen los temas que serán tratados en sesión.

«Lo trabó en parlamentaria el oficialismo. Se retractó la concejala Amalevi, retiró la firma, y ahí comenzó un debate en torno a cuestiones de reglamento: si era necesario que salga por unanimidad o si con seis concejales aprobando y una que no igualmente podía ser llevado a parlamentaria para ser tratado en el recinto. También había otras opiniones que indicaban que si salió como resolución de comisión debía ser por unanimidad. Ahí hay una cuestión técnica, pero después dijeron explícitamente que no iban a acompañar ningún pedido de informe en este contexto», contó el edil justicialista ante este medio.

Y repasó: «Yo estaba presente como vicepresidente del cuerpo. Estaba la presidenta de nuestro espacio, que es Julia Irigoitia, y cada uno de los presidentes de los distintos bloques. El debate se dio entre el oficialismo y nuestro bloque».

En la sesión ordinaria del pasado jueves sí salió aprobado por unanimidad un pedido de informe que el Ejecutivo local deberá gestionar ante el Ministerio de Seguridad provincial para conocer, entre otras cosas, el plan de seguridad proyectado para la ciudad, fecha de llegada de los gendarmes anunciados y «el destino de los 3.000 millones de pesos otorgados por Nación». Ante esto, Cavatorta señaló que hubo un tratamiento desigual con los expedientes que solicitaban información. El pedido recién nombrado, autoría de la concejala socialista Verónica Irizar, cosechó el acompañamiento del interbloque peronista, y el presidente de la comisión de Control se comprometió a entregarlo de manera informal a los funcionarios provinciales en una mesa de trabajo que se desarrollará este lunes.

Concejal Lisandro Cavatorta.

«Nuestro interbloque, y yo personalmente, manifestamos que no había ningún problema, que los concejales y la gente tienen derecho a saber esa información. Tenemos la responsabilidad de legislar, pero también de controlar a los Ejecutivos. En este caso, se aprobó un control y pedido de información al Ministerio de Seguridad provincial, sin embargo no pudimos aprobar un pedido de informe simple, a partir de un hecho que nos preocupaba mucho, al gobierno municipal para también obtener información», afirmó el concejal de Todos Hacemos Rosario.

Y agregó: «Nos parece muy bien que se pida un informe y se hagan las preguntas que consideren convenientes, también voy a adelantar los procesos administrativos llevándolos personalmente a la mesa de trabajo. Lamentamos que no podamos hacer lo mismo con el pedido de informe a la Secretaría de Control municipal».

Sobre el debate y los trascendidos en torno al intercambio en la Secretaría de Control, el presidente de la comisión recordó que al volver a encontrarse, los ediles integrantes del cuerpo de trabajo no negaron haber escuchado hablar de los problemas antes mencionados. «Coincidimos todos en que se dijo lo que se dijo y escuchamos lo que escuchamos. Cada uno después puede hacer valoraciones personales a partir de eso. En líneas generales, lo que escuchamos tiene que ver con irregularidades administrativas y malversación de fondos», especificó. Frente a esto último, el concejal consideró que deberían iniciarse sumarios administrativos y, en caso de que la funcionaria lo considere necesario y cuente con las pruebas, denuncias penales.

En esa línea, el edil adelantó que insistirá con el tema e intentará impulsar expedientes de manera individual para desagregar cada punto de las irregularidades enumeradas en la reunión del lunes 23 de mayo.

Según anticipó, los pedidos buscarán obtener detalles sobre «cuántos acarreos se hacen; quiénes son las empresas privadas -todas las grúas de Rosario lo son-; quiénes firman los acarreos; cómo se compran los repuestos de los vehículos, a qué empresa y a qué precio».

«Voy a hacer pedidos de informe de forma individual, porque show sería que no me preocupe en cómo sigue esta historia. Irresponsabilidad no es contar lo que pasó en una comisión pública; irresponsabilidad es no seguir con esto como si no hubiera pasado nada», concluyó.