El Senado provincial dio sanción definitiva por unanimidad a un proyecto de ley del diputado Leandro Busatto, que establece la suspensión de los términos procesales de todos los juicios que tengan por objeto la ejecución hipotecaria de viviendas únicas, familiares y de ocupación permanente.
El plazo comienza a regir a partir de la promulgación de la ley y se aplica a quienes tomaron créditos UVA o UVI, que se actualizan con la inflación. La sesión marcó el retorno de la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, a sus funciones luego que venciera la licencia sin goce de sueldo que había solicitado para ser precandidata en las Paso que se realizaron el domingo pasado.
El senador por San Lorenzo (PJ- Juan Domingo Perón), Armando Traferri, señaló la importancia del proyecto debido al contexto económico que está viviendo el país. «Con esta ley la provincia puede proteger a los ciudadanos que tomaron créditos hipotecarios UVA», aseguró, aunque también aclaró que sólo se trata de un paliativo hasta que Nación brinde una solución de fondo al problema.
En ese sentido, Traferri sostuvo que no va a haber una respuesta definitiva hasta que «se sancione una ley o se dé una solución de fondo a nivel nacional y se cambie el sistema UVA, que modifique la indexación para que no sea por el CER y se tenga en cuenta la variación salarial o algún instrumento que lo reemplace vamos a seguir teniendo estos problemas».
«Esta ley viene a corregir un defecto y una injusticia de aquellos que tomaron un crédito para poder construir su vivienda y que el proceso inflacionario los dejó imposibilitados de cumplir», finalizó.
Por su parte, el senador radical por San Cristóbal, Felipe Michlig, aseguró que todos los bloques estuvieron de acuerdo «por el momento económico y social» y porque «involucra a un colectivo de numerosas familias argentinas en general y santafesinas en particular».
Michlig dijo que no sólo está en juego una cuestión patrimonial sobre un inmueble, sino que «se debe tomar una posición política ante una realidad que nos conmueve. Es preservar un techo donde vivir o la intemperie», afirmó.
Al mismo tiempo, aclaró: «Somos respetuosos de la seguridad jurídica, de las reglas claras y de la libre voluntad de los privados. Dejamos en claro que en este proyecto no se interviene en la relación contractual entre quien prestó los recursos y el prestatario. Tampoco dispone mecanismos distintos a los que el derecho de fondo y procesal establecen».
Además, sostuvo que como se trata de una cuestión de excepcionalidad, el proyecto «se esfuerza en delimitar con precisión el conjunto de casos al cual será aplicable a los fines de evitar que se aprovechen de los beneficios de este proyecto quienes no están en una situación económica acuciante».
En la redacción de la ley se precisó que sólo se aplicará el proyecto cuando se trate de un inmueble que sea vivienda única de una familia y que sea de ocupación permanente por el deudor y que el origen del crédito hipotecario provenga de programas o actos que contenían mecanismos de actualización del capital mediante UVA, UVI u otro indicador.
