Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires
Este martes funcionará en forma remota la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, presidida por el senador José Mayans, donde los legisladores del Frente de Todos avanzarán con la investigación sobre el proceso de endeudamiento que generó Mauricio Macri.
Esta iniciativa fue anunciada por el titular de la Bicameral de la Deuda mientras se desarrollaba la última sesión del cuerpo, que sancionó normas para proteger a trabajadores de la salud y fuerzas de seguridad que se encuentran abocadas a la lucha contra el coronavirus.
También esta previsto que se focalizarán en el acuerdo que celebró el ministro Oscar Aguad con la empresa familiar de Macri por la concesión del Correo Argentino y las tratarán las denuncias por presiones para proteger a dos ex fiscales en el juicio de encubrimiento por el caso Amia.
Senadores y diputados de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, evaluarán el informe del Banco Central que responsabiliza al ex mandatario de facilitar la fuga de u$s 86.000 millones durante su gestión, ya que consigna que entre 2015 y 2018 ingresaron USD 100.000 millones por deuda pública, privada e inversiones especulativas, en la que está incluido un préstamo de USD 44.500 millones de dólares al FMI, con altísimos vencimientos en el corto plazo.
Además, el formoseño Mayans informó en la sesión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que solicitará una auditoria al Banco Central para investigar los controles al movimiento de capitales de esos años y quienes fueron los beneficiadas. La movida es similar a la que llevó adelante Miguel Angel Pichetto en 2018 para saber quienes compraron dólares antes de las mayores corridas, pero cayó en saco roto.
Entre otras cosas jefe del interbolque del Frente de Todos en la Cámara alta, anticipó que iba pedir información al Banco Central ya que es indudable que hay responsabilidad personal de quienes participaron en un ilícito contra el patrimonio del Estado. El argumento es similar al que adelantó el doctor Barcesat respecto de la nulidad de las condiciones en las que la gestión Macri tomó deuda: «Cuando alguien hace algo que la ley no le permite, el acto es nulo y ello le apareja tener que responder con su propio patrimonio».
Para inferir porque se anuncia este paso en el Congreso, cabe recordar que en el año 1992 el parlamento emitió una ley que delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de contraer emprestitos. No obstante, en la Reforma de la Constitución de 1994, los constituyentes resolvieron que era potestad del Congreso contraer deuda y proceder arreglo de la deuda pública, aunque en ese momento también se hizo una cláusula de carácter transitorio, teniendo en cuenta la existencia de una ley del 1992, que estableció que la delegación de facultades para ejercer potestades en la materia -de contraer deuda regiría por cinco años- caducaba a menos que una ley la prorrogue.
Este situación se conservó por varios años, y la ultima prorroga fue en el 2009, de modo que en 2010 terminó la vigencia del plazo prorrogado y por lo tanto sería el Congreso el único actor que podría intervenir para contraer empréstitos.
Es decir que Mauricio Macri, actuó por fuera del marco constitucional, y por lo tanto el acto jurídico que celebró es nulo, así las cosas, la responsabilidad de estos hechos, recaerá sobre él y sus ministros y sobre los acreedores que desconocieron la Constitución Nacional.
En este marco, la situación del ex mandatario es comprometida porque que lo actuado por el ex presidente, lo sitúa ante dos acciones, tener que dar explicaciones en un juicio de responsabilidad junto a sus funcionarios y por otro lado, una dura defensa de Argentina para rechazar cualquier reclamo si los acreedores no aceptan una propuesta razonable de novación de la deuda.
