Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires – La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside Pedro Guastavino (Justicialista) se reunió este martes para llevar adelante la segunda reunión informativa sobre el nuevo Código Penal, dedicada a la parte general del cuerpo normativo, la cual el oficialismo aspira a consensuar antes de las elecciones de octubre.

El primero en exponer en el Salón Eva Perón de la Cámara alta fue el abogado Maximiliano Rusconi, quien criticó el proyecto del Poder Ejecutivo y consideró que “el problema principal de la Argentina no pasa por la discusión” de esta norma. Con una serie de ejemplos de actualidad, el ex magistrado dudó si la manera de impartir el derecho de algunos jueces, tiene que ver con la ley penal.

“No creo que el problema principal de la Argentina pase por la discusión de este Código”, planteó Rusconi, quien se desempeñó como abogado defensor del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; del empresario Lázaro Báez; y de Diego Lagomarsino, asesor informático del fallecido fiscal Alberto Nisman.

El letrado sostuvo: “Una reforma de esta envergadura necesita llevarse bien con el momento, necesita estar acorde con lo que pasa en el país. Es un momento de enorme división, donde las instituciones no están a la altura de los diferentes bandos ideológicos. Es un momento donde las urgencias, en este escenario de dificultad, pasan por otro lado”.

Rusconi consideró un error creer que “el problema del derecho penal lo tiene el Código Penal”, al señalar que “el derecho penal está en crisis porque ha perdido total capacidad investigativa, o nunca la ha tenido”.

Otra de las disertantes de la reunión fue la exdiputada nacional Diana Conti, quien acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de “vulnerar todas las garantías penales” con la “doctrina Chocobar”, que debe su nombre al policía que mató a un ladrón por la espalda para defender a un turista.

Conti advirtió que Bullrich “levantó la bandera de la vulneración de todas las garantías penales, tanto en su rol como legisladora como en su rol de ministra”.

Asimismo, la exlegisladora pidió incorporar al Código Penal “una cláusula expresa que diga que la prisión preventiva como pena anticipada es una prohibición que debe estar vigente de modo permanente”.