Tras la primera ronda informativa con los gobiernos provinciales, Nación dio las primeras señales de cómo imagina el aporte de 100 mil millones de pesos al megajuste que triplica esa cifra puesta como condición por el FMI a cambio del crédito stand by.
Sin datos finos todavía, muchos de los cuales estarán sujetos a negociación, Nación impone recortes a las provincias no para que equilibren sus cuentas, ya que la mayoría las tiene medianamente ordenadas, sino porque en 2019 deberán absorber gastos que hasta ahora eran su responsabilidad. Como muchos de esos gastos no se pueden eliminar, forzosamente deberán asumirlos las provincias.
En la mira
En la primera ronda de conversaciones, funcionarios nacionales dibujaron un horizonte pero no mostraron todas las cartas del ajuste que debe llegar a 100 mil millones de pesos entre todas las provincias.
Ministros y gobernadores se fueron de Casa Rosada con la idea de que deberán olvidarse del Fondo Sojero (parte de las retenciones agrícolas creado en el fragor del conflicto por la resolución 125 de 2008); del Fondo de Incentivo Docente; de programas de salud (sin precisiones, pero los hay para drogas oncológicas, HIV, vacunas, entre otras); recursos que compensan el déficit de las cajas previsionales no transferidas (como el caso de Santa Fe); Fondo fiduciario de Desarrollo; fondos para viviendas; subsidios al transporte, entre otros.
El planteo es que las provincias asuman esas responsabilidades recortando gastos propios pero sin entrar en rojo porque no pueden incumplir las metas de déficit fiscal impuestas por el FMI.
En ese caso se desliza, como siempre, que la obra pública sea la variante de ajuste. Es decir, lo prioritario pasa a ser cumplir con lo otro. En contexto recesivo, con más gasto social, inflación que dispara gastos corriente (salarios e insumos), el panorama es un tablero bien complejo.
Para las provincias no hay escapatoria: o las ciudades con transporte urbano llevan el pasaje a 22 pesos o asumen el costo de los subsidios que todavía enviaba nación. Así con ls vacunas, los sueldos docentes, etcétera.
Condiciones
Los gobernadores peronistas, con la idea de diagramar una estrategia común para negociar con Nación revivieron una iniciativa que ya se había esbozado el año pasado para el Pacto Fiscal y que ahora fue plasmada en dos proyectos de leyes, del cordobés Martín Llaryora en Diputados y de Omar Perotti (Santa Fe), Carlos Caserio (Córdoba), Carlos Espínola (Corrientes) y Pedro Guastavino (Entre Ríos) en el Senado, que tiene como objetivo transferir a ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires el paquete accionario que tiene el Estado nacional sobre AySA y la jurisdicción sobre el servicio de energía eléctrica que prestan Edenor y Edesur.
Esas empresas, las únicas que quedaron en la órbita del Estado nacional tras las transferencias a provincias de los 80 y 90, le significan al Estado nacional decenas de miles millones de pesos al año en subsidios.
También pidieron poner fin a “la discriminación con los subsidios al transporte”, que hoy siguen favoreciendo a Capital y el conurbano. Los gobernadores quieren que queden todas las jurisdicciones en igualdad de condiciones.
“Cuando hay déficit del sistema de agua en un municipio entrerriano, se hace cargo el municipio; mientras que en Buenos Aires lo pagamos todos los argentinos”, graficó el diputado entrerriano Juan José Bahillo. “Lo mismo pasa en el transporte. Existe un subsidio muchísimo mayor en Capital que en el interior”.
La pulseada política
El devenir de las negociaciones es una incógnita. Para marcar la cancha de entrada, Nación amenazó con prorrogar el proyecto de presupuesto 2018 en caso de que el Congreso no valide un Presupuesto 2019 con una pauta de déficit reducida al 1,3% del PBI y un recorte de 300 mil millones.
Prorrogar es una posibilidad de última instancia. No es el escenario que le conviene al gobierno, porque no le alcanza con un mayor margen de discrecionalidad en el manejo de los fondos. Es tal el compromiso con el FMI que necesita avanzar sobre partidas que están aseguradas por ley. En ese caso, requiere, además del presupuesto 2019 derogar o modificar otras normas. Es el caso del Fondo Incentivo Docentes o algunos de los programas de salud, entre varios ítems. Esto es lo que advirtió el gobierno de Santa Fe después de que el ministro Gonzalo Saglione escuchara a los funcionarios de tercera línea que lo atendieron el martes pasado.
La caja que alinea provincias
Además de exigir el traspaso a CABA y Buenos Aires de las empresas de agua y electricidad e igualar el reparto o retiro de los subsidios al transporte, el gobernador cordobés Schiaretti puso sobre la mesa “terminar con las transferencias no automáticas a las provincias”, la gran caja con la que los gobiernos nacionales premian y castigan a las provincias con giros por afuera de la coparticipación.
Las transferencias no automáticas hace años resulta clave para que la Casa Rosada alinee gobernadores propios y ajenos así como legisladores.
Como hay provincias chicas que dependen en gran medida de estas partidas discrecionales, no se sabe si el planteo de Schiaretti es a título personal o si será un planteo en bloque. Desde ya que Santa Fe adhiere a esa idea: primero con el kirchnerismo y ahora con Cambiemos ha sido de las más discriminadas en la asignación de esas partidas.
Para las provincias el ajuste transferido parece inevitable. Queda por ver la capacidad de negociación de éstas para reducir daños.
La segunda oleada
Lo que va a ocurrir –transferencia de responsabilidades sin recursos– pareciera una segunda oleada de reforma del Estado, después de la de principios de los 90 que provincializó la educación y la salud. El macrismo busca, de la mano del “ajuste forzado del FMI” reconfigurar esa relación poder central-provincias reasignando tareas, roles y reparto de recursos. En ese contexto hay que entender frases del presidente como: “No lo hagamos por el FMI, hagámoslo por nosotros porque es bueno”. El FMI es el “salvador” del gobierno, pero a la vez es su excusa para ir por más.
La escena es clara. Un Estado nacional quebradoy sin crédito, se deshace de su quebranto transfiriendo buena parte a las provincias. Con Buenos Aires ciudad y Buenos Aires provincia gobernadas por el PRO y Cambiemos, éstas gozan de un colchón de protección a diferencia del resto. Ahora se abre una etapa en el que “las fuerzas federalistas” intentarán perforar ese colchón y equilibrar el esfuerzo.
Tampoco es que las provincias constituyen un bloque monolítico de contrapoder a Nación. Entre las 24 jurisdicciones hay realidades diferentes: ya sean por las urgencias, autonomía económica, estado de las cuentas, alineamiento político, acreencias y deudas cruzadas, entre otras. El gobierno conoce esas debilidades, lo que explica que iniciara la ronda de conversaciones citando de a una.
Santa Fe
Santa Fe entra en este proceso con más fortaleza económica que política. Cuentas propias bien equilibradas y autonomía financiera son sus principales fortalezas. Por el contrario, no ser parte de Cambiemos o del PJ y su casi nula presencia en el Congreso la somete al ninguneo del gobierno y a la necesidad de encontrar aliados circunstanciales.
La foto con los tres gobernadores de la Región Centro que Lifschitz logró armar el lunes pasado en ocasión del homenaje a Estanislao López en Santa Fe tiene esa intención.
Nación definió que de los 300 mil millones de recorte comprometidos con el FMI para 2019, 100 mil lo asuman las provincias. En ese marco, se deslizó que Santa Fe debería comprometer 8.300 millones. Es decir, que el ajuste de Nación le costaría una cifra similar a la que recuperó después de una década de litigio en la Corte Suprema de Justicia.
Ese fallo de la Corte que repuso el 15 por ciento de coparticipación que retenía Nación, recompuso el reparto de los recursos totales del país: de una relación 65/35% a favor de Nación antes del fallo se estaba confluyendo a un reparto 50 y 50%. El plan del FMI amenaza con revertir esa tendencia.
