Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires
Ante un plenario que se constituyó este martes con la presencia de los miembros de las comisiones de Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, funcionarios del Ministerio de Justicia, expusieron en el Anexo de la Cámara baja, y dieron inicio a las audiencias públicas para informar el nuevo Régimen Penal Juvenil, impulsado por el Gobierno. También asistieron a la reunión jueces, abogados y especialistas en la materia.
Según la cifras aportadas en 2017 por el Ministerio de Justicia, la población penal juvenil bajo proceso penal es de 7.100 menores, en tanto que 2.424 están procesados como autores de homicidios y robos con armas de fuego, mientras que 740 de esos delitos tuvieron lugar en la provincia de Buenos Aires.
Al iniciar la audiencia la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos destacó que el alto número de participantes «denota el interés real sobre el tema» y convocó a encontrar «consensos» y «puntos en común», para terminar con la aplicación de un decreto de la dictadura.
El jefe de Gabinete del ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano, Martín Casares, señaló que el proyecto de ley que se expuso en Diputados «propone un abordaje integral de la problemática, e introduce alternativas de inserción social y hace foco en el cuidado de las víctimas, involucrándolas activamente en el proceso».
Además, precisó que se viene trabajando “desde hace tres años”, y comentó que la letra de la norma se nutrió de propuestas que fueron presentadas por diputados y de la media sanción de 2009 aprobada en el Senado. Para el funcionario, se trata de “suplir una deuda histórica, porque actualmente continuamos con un régimen de la minoridad que posee 39 años”, no sin antes reconocer que “uno de los temas que va a suscitar mayores debates es el tema de la edad” y refirió que “el desafío es que no se caiga el proyecto”.
Por su lado, el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez, dio precisiones de los lineamientos más importantes de la iniciativa oficial y puntualizó que el objetivo es lograr tener una norma «que ponga una media y un piso de derechos y garantías para todos los menores”. Además, recalcó que es necesaria una norma nacional” que “sea práctica y efectiva”.
Benítez explicó que los menores no podrán “ser detenidos en comisarías” y que “el personal en los centros de encierro deberán ser civiles”. Pero fue más enfático a la hora de afirmar que la prisión sea “el último recurso” y que “ningún delito con una pena menor de 10 años pueda permitir el encarcelamiento de un menor”.
También hicieron uso de la palabra diputados que ya habían presentado proyectos para reformular un nuevo régimen penal juvenil, que se posicionaron en dos ideas muy claras, la prevención con una mirada global de la problemática y los más inclinados al punitivismo como modo de respuesta.
Entre los asistentes, dieron su parecer organizaciones de la sociedad civil, que participan de distintas instancias organizativas en los barrios para ayudar a combatir el delito a través de la asistencia en lugares de riesgo, y estudiosos en la materia.
De particular relevancia para los presentes resultó la intervención de Silvia Irigaray, titular de la organización Madres del Dolor, quien le participó su experiencia de vida a través de la visita a los penales donde se encuentran alojados menores que por distintos motivos sufren privación de la libertad.
En diálogo con Conclusión, la mamá de Maxi, como se presentó en la audiencia, señaló que «es importante que haya muchas ideas», y que su actitud tras la muerte de su hijo que «fue fusilado» en un hecho delictivo, eligió «ponerse de pie», y ser «portadora de la palabra para correr la violencia de lado».
Irigaray, evaluó que este paso en el tratamiento de un nuevo régimen penal juvenil es «muy importante». «Hay que tomar la mejor decisión», refirió. Y dijo que no sabe «cual es la edad correcta» para establecer una pena, y contó que piensa que tiene «un nieto de 14 años» y no lo imagina «ni lastimando, ni robando, ni matando».
«El error pasa por otro lado, hay una carencia de afecto», señaló la titular de la organización Madres del Dolor.
Por su lado, la abogada Milagros Pierri Alfonsin, expresó que la «respuesta a chicos que están inmersos en condiciones de vulnerabilidad hay que darle una respuesta restaurativa», que significa que el sistema penal debe enfocarse en la «restauración del daño».
«Esto significa que se pone el problema en manos de las partes, tanto de la víctima como del victimario y la comunidad, porque le permite al infractor expresar como se sintió con el hecho».
