El Poder Ejecutivo promulgó la ley que crea el programa provincial de acompañamiento y protección de víctimas y testigos y el fondo provincial de recompensas, norma que había sido sancionada por la Legislatura el 22 de octubre pasado. Se trata de una herramienta clave para el nuevo sistema de justicia penal, que ahora deberá reglamentarse.
El proyecto había sido impulsado por el Poder Ejecutivo en 2009 junto con las leyes de implementación del nuevo sistema de justicia penal y resultó materia de intensos debates sin recibir aprobación legislativa. Finalmente y luego de que se presentaran nuevos proyectos, el texto contó con un alto grado de consenso por parte de todos los poderes del Estado, destacándose en particular la participación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público de la Acusación y el diputado Leandro Busatto.
En relación a la protección de víctimas, testigos y querellantes, la provincia de Santa Fe ya contaba con una experiencia previa, a diferencia de otras jurisdicciones: el programa de Protección y acompañamiento de Víctimas, Testigos y Querellantes para juicios de lesa humanidad que funciona desde 2009 en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos y que ha sido muy bien ponderado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos explicaron que el nuevo programa es un cuerpo normativo, sistemático y ordenado que regula la situación de víctimas, testigos, querellantes, imputados e incluso autoridades judiciales para el nuevo sistema de enjuiciamiento penal.
El texto promulgado ampara “a toda persona que verosímilmente se encuentra en riesgo cierto de sufrir un atentado contra su vida, integridad, libertad o en sus bienes, como consecuencia de haber sido víctima o testigo de un delito, o bien por haber colaborado en su investigación o participado en un proceso penal, sea en carácter de juez, fiscal, defensor o funcionario judicial”.
Se establecen derechos y obligaciones de los incluidos en el programa y se establecen los principios de confidencialidad, proporcionalidad, temporalidad, gratuidad, solidaridad, provisionalidad y subsidiariedad que debe tener el sistema.
El programa prevé medidas de acompañamiento y asistencia por un lado y de protección por otro. Se ubica dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con un director (civil) y dos subdirectores, uno para el caso de medidas de protección y el otro para asistencia y acompañamiento.
Además, se crea una Unidad Especial de Protección facultada para intervenir en forma preventiva, disuasiva y/o mediante el uso efectivo de la fuerza a los fines de proteger a la persona en situación de peligro bajo su cuidado, dentro de los límites establecidos en la ley.
“El programa de protección de testigos puede contribuir a enfrentar a la criminalidad con mayor eficacia, a la vez que constituye una herramienta fundamental para fortalecer una institución de garantía que articule las políticas públicas con las organizaciones de la sociedad civil y proteger el derecho de acceso a la justicia en el marco del nuevo sistema de justicia penal”, finalizaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
