El Ministerio de Seguridad de Santa Fe “ultima detalles” con una empresa de tecnología para la provisión de un software que permita el control y trazabilidad de las armas institucionales, “que hoy se hace en registro de papel, por lo que depende de la buena voluntad del armero”.

El responsable de la Agencia de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego (APVAF), Lautaro Sappietro, dijo este martes que se está “trabajando en una reforma integral que incluye un sistema tecnológico, que hoy opera Prefectura, para el control del armamento institucional”.

“Actualmente el sistema que opera no nos permite tener una visión clara de la cantidad de armas y los movimientos que se dan a diario en las distintas Unidades Regionales, tanto de armas como de chalecos”, abundó.

El funcionario explicó que al asumir el cargo, la Policía de Santa Fe no tenía manera de determinar el número de armas de uso institucional y su estado de conservación.

Esa tarea “hoy se hace en registro de papel, y depende de la buena voluntad de la armería”, dijo Sappietro, quien explicó que el software -en cuya adquisición avanza el Gobierno de Santa Fe con una empresa proveedora- “permitiría el control de la trazabilidad de las armas” y conocer su estado de uso.

El software permite colocar un chip para conocer qué usuario tiene el arma entregada por el Estado y su conservación.

También incluye lectoras en las armerías de cada unidad regional de la Policía a los efectos de llevar un stock.

“Parece mentira, pero el Estado no sabe cuántas armas tiene o dónde están, y este sistema tecnológico permite tagear (etiquetar) las armas”, explico Sappietro.

“Asimismo, esto irá acompañado de una reforma edilicia en las armerías de la Policía de la provincia para brindar mayores medidas de seguridad, con inspecciones diarias y un proceso de tageo, con chips individuales en las armas y chalecos para controlar el ingreso y egreso diario de cada equipo”, agregó el funcionario de la cartera de Seguridad.

En septiembre pasado el Gobierno inició una investigación para determinar el destino de 900.000 municiones destinadas a la policía que no figuraban en el stock de la fuerza de seguridad.

Habían sido compradas en 2017 a Fabricaciones Militares, que ganó una licitación para proveerlas, que fueron entregadas en abril de 2018.

“Cuando llegamos (al Ministerio de Seguridad) no teníamos datos del stock actual”, dijo entonces Sappietro, y explicó que emitió una circular a las direcciones generales y las Unidades Regionales para que informaran al respecto.

El inventario dio como resultado que quedaban 102.118 municiones 9 milímetros en manos de la Policía.

“En 28 meses se gastaron 897.882 municiones, que tienen dos destinos: para entrenamiento, en el marco de cursos habilitados, no para práctica de tiro; y las demás en enfrentamientos”, explicó el funcionario, quien añadió: “Nos da un uso de 1.032 municiones por día. Nos llamó la atención, aunque a lo mejor tiene explicación. Pero es un número alarmante, ya que enfrentamientos la policía tiene muy pocos”.