«Santa Fe no solamente debe reclamar los 50 mil millones de pesos de deuda en materia de coparticipación; sino fundamentalmente, la devolución de la potestad soberana de cobrar derechos a las exportaciones que surjan de su territorio, quitada a las provincias el 12 de septiembre de 1866 en el propio edificio del viejo cabildo de Santa Fe, sede actual de la casa de gobierno».
Esas fueron las palabras del diputado provincial por el Frente Social y Popular Carlos del Frade, quien se refirió a la deuda que Nación posee con la provincia y a la necesidad de gravar a las empresas exportadoras. “Estas son las discusiones que deberían hacerse en esta campaña electoral con los referentes de los principales partidos políticos. Sin embargo, somos pocos los que queremos discutir estos temas estructurales”, agregó.
Según el diputado, Cargill, Aceitera General Deheza, Bunge, Vicentín, Dreyfuss, ACA, Molinos, Nidera, Noble, Toepffer, Agricultores Federados, Renova y Terminal 6, según sus últimos balances, vendieron por 379.749 millones de pesos durante 2016. Si la provincia le cobrara ingresos brutos basados en aquel derecho histórico arrebatado en 1866, a razón de un 5 por ciento sobre su fenomenal volumen de ventas, cada año, Santa Fe tendría más de 18 mil millones de pesos más para destinar a las urgencias sociales.
«Estas son las discusiones que deberían hacerse en esta campaña electoral con los referentes de los principales partidos políticos. Sin embargo, somos pocos los que queremos discutir estos temas estructurales», remarcó Del Frade.
Las ventas de solamente cuatro empresas exportadoras que tienen sus puertos en la provincia, Cargill, General Deheza, Bunge y Vicentín, superan el total del presupuesto anual de Santa Fe, votado en 154 mil millones de pesos.
«Resulta obsceno que cada tanto se aumenten los importes para pagar el agua y la luz cuando se deja intocables a estas firmas, algunas de las cuales, a través de sus representantes, parecen manejar gran parte de la provincia, como sucede con Vicentín que encabeza el poderoso lobby de la Bolsa de Comercio de Rosario e impone condiciones al gobernador Miguel Lifschitz», cerró.
