El gobierno de Santa Fe buscará avanzar este martes en un acuerdo de pago con unas 150 empresas contratistas de obra pública, que reclaman deudas generadas en la gestión anterior por más de $6.000 millones, luego de un primer encuentro en que las autoridades propusieron saldar un porcentaje en efectivo y el resto con cheques diferidos y bonos.
El ministro de Economía, Walter Agosto, explicó este lunes que «la propuesta es hacer un pago de deuda en efectivo, para aquellas empresas con deudas de hasta $ 5 millones, que son el 30%, y para el 70% restante se ofrecerá pagar un 25% con cheques diferidos y el 75% restante con un bono diferido».
Agosto consideró «positiva» la primera reunión mantenida con representantes de la Cámara de la Construcción y admitió que «es entendible la postura de las empresas» que reclaman los pagos en plazos más cortos.
«Siempre es importante tener una devolución, escuchar alternativas porque pueden mejorar nuestra propuesta, sabiendo que las dificultades en materia de recursos están a la orden del día, y esta semana vamos a seguir avanzando», añadió en declaraciones a radio Brigadier López, de Santa Fe.
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El funcionario explicó que los títulos que se emitan para cancelar esas deudas serán en pesos y con plazos que irían desde un año y hasta 2023.
Adelantó además que la provincia solicitó otro préstamo al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que gestiona el Gobierno nacional, ya que el financiamiento es «un tema central por la caída de los recursos».
«Estamos muy atentos a cómo se desarrolla la negociación con los bonistas externos, porque puede determinar el nivel de tasas para endeudarnos con el sistema financiero», completó Agosto.
Por su parte, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, quien también participó de la reunión, expuso: “La propuesta de pago a los contratistas de obra es muy buena en este marco económico y de pandemia. Lo que está claro es que no es lo mismo estar analizando estas propuestas en mayo, en medio de la pandemia; que en diciembre, cuando nosotros habíamos propuesto inicialmente la ley de Necesidad Pública. Hoy estamos en medio de esta crisis sanitaria con una caída brusca de la recaudación. Entonces, no solamente hay que pagar lo que se quedó debiendo del gobierno anterior, sino que también hay que prever un esquema financiero para las obras que estamos desarrollando para ampliar el sistema de salud, para aquellas que deben terminarse y para las de nuestro propio plan de obras, en lo que resta del año”.
Durante la semana pasada, el gobierno provincial emitió una serie de pagos para cancelar la deuda con proveedores, en una cifra que significó bonos por 4.500 millones de pesos y otros 1.500 millones que fueron a través de cheques diferidos.
