Por Lautaro Zeballos
San Jorge gritó pidiendo ayuda para franquear la barrera de la sordera política y exigir respuestas. El Concejo Deliberante de esta ciudad declaró la emergencia social por suicidios después de que 22 jóvenes, en su mayoría menores de 21 años, se quitaran la vida.
El primer hecho ocurrió en 2010, pero lejos de ser un hecho aislado, otras 21 personas se quitaron la vida en los nueve años siguientes. Como si fuera poco, el tema aumenta en gravedad al repasar los años que van de 2016 a la actualidad, donde se acumulan 17 casos en tres años.
La ciudad de San Jorge está ubicada en el departamento San Martín de la provincia de Santa Fe y tiene una población cercana a los 22.000 habitantes, que la posicionan como una de las más importantes de la región. Aún así, su estado municipal se encuentra sobrepasado por la coyuntura, ahogado por la necesidad de que el gobierno provincial se haga eco de la emergencia y actúe en consecuencia.
A esa localidad viajó la semana pasada el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos del Frade, quien dialogó con Conclusión y señaló que los hechos tuvieron lugar «especialmente en dos barrios, el San Martín y el Guadalupe, que son los más empobrecidos de San Jorge. Esta ciudad tiene un nivel de vida que uno podría definir de clase media acomodada, vinculada a las actividades rurales», pero ésta parte de la geografía sanjorgense no goza de igual manera que el resto de los frutos de este sector económico.
En este contexto, «el nivel de suicidios ha generado que el Concejo Municipal, de forma unánime, declarase hace tres semanas la Emergencia Social. Eso es un hecho muy llamativo, debido a que generalmente las cuestiones vinculadas al suicidio no se difunden ni se hablan en el periodismo, la educación y la política. Me parece un desesperado llamado de ayuda de parte del Concejo Municipal«, relató a Conclusión el legislador provincial.
El miércoles pasado Del Frade viajó a San Jorge y se encontró con un panorama que exige intervenciones urgentes. «Por un lado, hay una gran circulación de droga, lo cuál genera la idea de que hay complicidad de nichos corruptos de la polícia; por el otro, una Justicia que solamente explicó un solo caso de los 22 suicidios porque solamente hizo una autopsia, con lo cual hay también un mal servicio de la Justicia provincial».
«Hay dos psicólogos del hospital que están absolutamente rebasados; una precaria presencia del Estado provincial y también municipal para dar cuenta de lo que está pasando», enumeró el diputado provincial.
La conjugación de estos elementos llevó a los concejales sanjorgenses a dar una respuesta y declarar una emergencia, exigiendo también la instalación de un campamento sanitario de salud mental. Una experiencia similar a la que lleva adelante el doctor Damián Verzeñassi para tratar las consecuencias del uso de agrotóxicos en distintos puntos de la provincia, pero abocado a la salud mental de los pobladores de San Jorge.
La ausencia de políticas estatales durante estos nueve años en los que se produjeron los 22 suicidios, indica Del Frade, «ha generado una falta de abrazo de parte del estado a la vida cotidiana de muchas chicas y muchos chicos».
Abrazar
El abrazo que no da la administración estatal, lo da la reacción popular en las calles. En el último tiempo, en San Jorge, se realizaron dos grandes movilizaciones por esta problemática. La ciudadanía no se mostró indiferente ante el agravamiento de la situación y de esta manera, el pueblo llevó a la agenda política sus demandas. Así, un triste patrón se repite en esta agenda y la mediática: las barriadas más pobres aparecen visibilizadas a través de sus muertos, exponiendo la necesaria transformación de la realidad de sus territorios.
En los últimos tres años se acumula la mayor cantidad de casos, pero ese tiempo también coincide con una profundización de la recesión económica que expulsa a las mayorías.
Emergencia Social es emergencia política
Al ser consultado por el impacto que se espera que tenga esta declaración de emergencia social, el diputado del FSP señaló que se busca que «el Gobierno de la provincia tome nota y envíe permanentemente, por lo menos por los próximos tres o seis meses, asistentes sociales, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, médicos, todo lo que haga falta para poner lo más virtuoso del Estado».
«Me reuní con el intendente de San Jorge (Enrique Luis Marucci), me recibió muy bien en la Intendencia. Me mostró incluso cartas que le venía mandando al ministerio de Salud de la provincia y al Ministerio de Seguridad hace años para que haya una mayor presencia de estos ministerios en la vida de San Jorge, con lo cual eso también marca esto de la estupidez de la mezquindad política en donde porque el intendente es de la Unidad Vecinal de San Jorge, que hace casi 20 años que está, y el gobierno es socialista, no se da lo que se necesita. La verdad que es una estupidez que tiene estos costos», enfatizó Del Frade.
Desde la perspectiva del diputado y periodista, las limitaciones del municipio sarjorgense son claras: «El Ejecutivo municipal de San Jorge puede hacer, pero tiene limites. El que puede hacer más es el Ejecutivo de la provincia de Santa Fe y eso no se hace. Este no responde porque está en otra cosa y, evidentemente, faltan algún tipo de mayores respuestas».
«Lo que ha salido a decir la secretaria de Salud Mental de la provincia es que ellos están presentes porque fueron a una de las últimas reuniones conjuntas que hicieron en el Concejo. Pero hace falta más y en forma permanente. Una cosa es la llegada circunstancial de un equipo de salud mental y otra cosa es que el equipo de salud mental se mantenga en el tiempo», concluyó.
