Por Marcelo Chibotta
Bastón en mano y mirada serena. Así Roberto Rosúa recibió a Conclusión en su propia casa para brindar una entrevista exclusiva.
Con el trato característico de los de su generación, formal y amable, el ex ministro de Gobierno de Carlos Silvestre Begnis y de Jorge Obeid se acomoda en la cabecera de la mesa y deja entrever que está dispuesto a contestar todo aquello que se le quiera preguntar.
Su experiencia es valorable por las veces que ejerció el cargo, pero más aún lo es porque lo hizo durante gobiernos democráticos, uno previo a la dictadura, de 1973 a 1975, y los otros luego de recuperado el estado de derecho.
Su desempeño en esa área tan sensible dispara la primera pregunta sobre cuáles son las diferencias encontradas en ambas épocas, a lo que Rosúa responde: “El gobierno de Silvestre, con enfrentamientos armados como había en el país en esos momentos, era un gobierno democrático que tenía legitimidad de origen y de acción, de manera que en ese contexto social y político se requerían acciones que no son comparables con las que se dieron después”.
“En aquellas circunstancias, nosotros pusimos una norma de conducta que era el respeto al estado de derecho y que cualquier circunstancia que afectara la convivencia pública debía ser resuelta dentro del mismo”, agregó Rosúa.
Seguidamente, el ex ministro aclaró: “Durante el primer gobierno de Obeid, veníamos de una situación en la que grandes sectores políticos y sociales denunciaban la permanencia dentro de la Policía de provincia de elementos que habían participado dentro del terrorismo de Estado. Entonces nos encontrábamos con la situación que producía la vigencia de las leyes de obediencia debida y punto final, que nos limitaba la persecución penal de estos elementos y teníamos conciencia de que algunos oficiales o jefes habían participado del terrorismo de Estado, era necesario limpiarlos”.
Un caso emblemático fue el de J
osé ‘Ciego’ Lofiego y en ese sentido Rosúa describió de qué manera lo pasó a disponibilidad: “Ante el límite de las leyes de impunidad, debimos aplicar las propias disposiciones de las leyes orgánicas que decían que si un oficial superior estaba 6 meses a la espera de destino y finalmente no lo obtenía, se hacía pasible de ser pasado a retiro. El problema era que Lofiego era de un rango inferior al que aludía la disposición y no faltó un jefe policial que me aconsejara y me dijera que lo ascienda para aplicar la ley”.
“Ante eso yo le dije que si hacía eso, quedaba manchado de por vida por haberlo ascendido, entonces le propuse hacerlo distinto modificando y ampliando la ley para que lo alcance. Fue así que después de ser discutida largamente en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde tuvo objeciones fundamentalmente por parte de los demócratas progresistas, fue aprobada lo que nos permitió ponerlo a disponibilidad y a los seis meses pasarlo a retiro”, explicó el ex funcionario de Obeid.
-¿Cuáles fueron, a su entender, los hechos que provocaron que los grandes problemas de aquel tiempo como la prostitución o el juego clandestino dejaran paso al gran problema de hoy como lo es el narcotráfico?
-Cuando dejé de participar del gobierno dejé de tener acceso a la información oficial, de manera que mucho de lo que pueda decir o pensar es mucho de elaboración mental y no de información seria porque por ejemplo el gobierno socialista no nos nutre ni nos considera para que tengamos datos para que tengamos una opinión.
-No obstante usted tiene elementos de juicio…
-Tengo los que me da la propia experiencia y lo que uno recoge en la sociedad. Nosotros teníamos una Policía difícil pero con la decisión del gobernador y del ministro de que debía ser conducida desde la política para propender a que no fuera una corporación independiente. Eso fue así porque nosotros establecimos una suerte de línea divisoria que dividía dos campos: para arriba estaban las sub secretarías, los asesores, el ministro y el gobernador que no participaban de la acción policial concreta. Con los riesgos que ello implicaba, me reservé la conducción absoluta y total y así determiné eso para evitar que el sector de arriba de la línea fuera infectado y el sector de debajo de la misma fuera confundido por normas de conducción equívocas. La Policía era conducida por el gobierno de la provincia, había quienes miraban esto con aquiescencia, quienes estaban en contra y quienes se adecuaban. De cualquier manera, fuimos conduciéndola con dificultades, con tropiezos y con la participación activa nuestra involucrándonos. Esto hizo que esa policía, que venía con grandes críticas por parte de la población y que tenía en su seno a aquellos que fuimos sacando, finalmente funcionara.
– Volvamos a la pregunta original, ¿qué pasó para que la prostitución y el juego clandestino dejaran de ser los problemas más importantes para dar lugar al narcotráfico?
-Ello fue consecuencia de actos que no juzgo de malintencionados, sino que fueron por una gran dosis de improvisación, ignorancia e ingenuidad por parte del ex gobernador Hermes Binner. Él pretendía que la policía se automaneje con lo cual quería sacarse un problema de encima. Con esa visión posibilitó la reconstrucción de la corporación policial contra la cual nosotros habíamos luchado. Así, la corporación policial se autogobernaba y quedaba en manos de distintos funcionarios, con distintas objetivos, sin que ninguno respondiera a una orientación política porque el gobernador no las daba, porque las había dejado en libertad, y bueno, así fueron canalizándose a los negocios más rentables como por ejemplo el narcotráfico. El gran error de Binner fue haber desarticulado la disciplina y el funcionamiento policial como una institución perteneciente al gobierno y bajo una conducción política para dejarla en libertad de acción. Yo creo que el origen del despropósito policial a partir de entonces está en esa actitud del gobernador Binner.
-¿Se podría decir que e
ntonces la Policía se encuentra desde ahí entre dos poderes: el político y el del narcotráfico?
-Nosotros teníamos conciencia de la existencia del narcotráfico, de las bandas. Están las estadísticas de aquellas épocas que demuestran que se trabajaba sobre el tema, con intensidad y resultados variables. Yo creo que el asunto es cuando la Policía dejó de ser conducida rígidamente por el poder político y algunos sectores de la misma se abrió al negocio más rentable que lamentablemente resultó ser el narcotráfico, con las consecuencias que tenemos a la vista.
–¿Qué reforma estima habría que hacerse para mejorar esta situación?
-Nosotros planteamos una propuesta de reforma que los gobiernos socialistas demoraron en su aplicación. La misma proponía achicar los cuadros, unificar el escalafón y establecer la vigencia de tribunales civiles con miembros de la Justicia y de otros sectores del Estado para por ejemplo el juzgamiento de las capacidades para los ascensos policiales. La constitución y participación de estos organismos iban a reemplazar en nuestro concepto a las juntas de calificaciones de tipo policial, por la intervención de diversos sectores de la sociedad pero esta ley fue ignorada y retaceada en su aplicación por los gobiernos socialistas.
-¿Cuánta responsabilidad tiene el gobierno provincial y cuánta el gobierno nacional en todo esto?
-Creo que es compartida. Sin ningún lugar a dudas en alguna medida la eclosión del narcotráfico, con la virulencia y entidad que se dio en Rosario, sorprendió a unos y a otros. Me dio la sensación que se les fue de las manos y no supieron o no quisieron coordinar acciones. Allí era fundamental la intervención de las fuerzas federales, de la Justicia federal, aunque lenta y tal vez un poco burocratizada, y del gobierno provincial. La situación como la que se presentó en Rosario este tiempo requería sin dudas una acción de coordinación y de consenso entre las fuerzas provinciales y federales, donde se dejaran de lado celos, recelos o pequeñas apetencias en función de la importancia del objetivo a combatir. Creo que en gran medida está ahí parte de la crisis esta que estamos viviendo.
Fotos: Salvador Hamoui
