La decisión del expresidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz de no excusarse más en los expedientes que involucran a clientes de su antiguo estudio jurídico abrió una discusión entre especialistas sobre si esa postura no implica un conflicto de intereses en la instancia más alta de la Justicia.
En el último acuerdo del mes pasado, cuando ya había sido reemplazado por Horacio Rosatti como titular del tribunal, Rosenkrantz informó a sus colegas que a partir de ese momento ya no se excusaría en las causas que había representado como abogado particular desde el estudio «Bouzat, Rosenkrantz & Asociados».
El principal argumento del ministro, designado por decreto por el expresidente Mauricio Macri en 2016, fue que transcurrieron «más de cinco años» desde su asunción en la Corte y que en un principio se había apartado para «aventar cualquier posible percepción negativa» sobre su intervención en ellas.
El estudio del que Rosenkrantz fue fundador en 1990 tuvo entre sus clientes al Grupo Clarín, al diario La Nación, la cervecería Quilmes y la cadena de comidas rápidas Mc Donald’s, entre otras, todas con litigios en la Justicia que, eventualmente, pueden llegar a la Corte.
Para el profesor de Derecho Constitucional, y miembro del consejo consultivo que asesoró al presidente Alberto Fernández en el diseño de un proyecto de Reforma Judicial, Raúl Gustavo Ferreyra, «ni la excusación ni la recusación se encuentra sometida a plazo o vencimiento o caducidad».
«La ausencia de imparcialidad afecta decisivamente al juez -añadió el jurista-, por dicha razón los Códigos Procesales, tanto Civil y Comercial como Criminal elaborados por el Congreso federal, de plena aplicación en todos los asuntos que se sustancian en la Corte, contemplan causales estrictas y rigurosas sobre la excusación o recusación del juez».
Para Gustavo Arballo, docente de Derecho en la Universidad de La Pampa y comentarista habitual de los fallos de la Corte, la cuestión de las excusaciones y su relación con el deber de imparcialidad del magistrado tiene «doctrina dividida» en el mundo jurídico.
«Mi postura es que está bien que intervenga (Rosenkrantz), porque la excusación procede si asesoraste en litigios concretos, no en todo caso que tengas que resolver de alguien que en algún momento fue tu cliente o empleador», desarrolló Arballo.
«De lo contrario -redondeó el abogado- alguien que viene del sector público nunca podría intervenir en ningún litigio en que demande o sea demandado el Estado».
Con otro enfoque, para el penalista doctor en Derecho de la UBA Maximiliano Rusconi, autor de varias obras doctrinarias, la decisión del actual vicepresidente de la Corte es «una aberración jurídica».
«Si él (Rosenkrantz) ya se excusó, es porque entendió que había razones que afectaban la seguridad de la imparcialidad», subrayó Rusconi y señaló que «en esas causas donde ya se excusó, en las que él mismo asumió que tenía intereses anteriores que podían afectar su objetividad, no puede decir que se va a ocupar porque hay un escenario de votos que le conviene más y porque tienen cerrada una mayoría automática, por decirlo de algún modo».
«Ya el solo anuncio (de ya no excusarse) es un motivo claro de mal desempeño», advirtió Rusconi.
Entre las causas pendientes de resolución en la Corte que involucran a empresas que fueron clientes del estudio jurídico de Rosenkrantz, se encuentran los cuestionamientos a la fusión entre Telecom y Cablevisión y el decreto 690/2020 del gobierno nacional, que declara al sector de las telecomunicaciones como un servicio público y regula el precio de sus tarifas.
La abogada y directora de Asuntos Jurídicos en el Senado, Graciana Peñafort, se sumó al coro de críticos por los dichos de Rosenkrantz y, al igual que Ferreyra, estimó desde las redes sociales que la prohibición de intervenir en esas causas es «permanente», tras lo cual coincidió con Rusconi en que es «ilegal» y configura causal de «mal desempeño» que el expresidente de la Corte entienda en esos expedientes.
Quienes critican la postura asumida por Rosenkrantz recuerdan que el fallecido exministro de la Corte Enrique Petracchi, quien se desempeñó en el máximo tribunal entre 1983 y 2014, se excusó de modo permanente de intervenir en las causas en las que participara el estudio jurídico Galante, que había integrado como abogado.
En marzo de 2016, cuando se presentó en la audiencia pública del Senado en la que se analizó su pliego, Rosenkrantz hizo público un listado de los clientes que habían contratado los servicios de su estudio jurídico, entre los que también se encontraban La Rural, Carpab, Panamerican Energy, Musimundo y América TV.
En esa oportunidad, el actual vicepresidente de la Corte (rol que ejercerá hasta el 30 de septiembre de 2024, con Horacio Rosatti al frente de la Presidencia) consignó que su bufete jurídico también había asesorado a varios fondos de inversión internacionales, entre ellos Pegasus.
