La jueza subrogante en lo Contencioso Administrativo Federal Nº VIII, Cecilia Gilardi De Negre, rechazó una “medida interina” que había pedido el depuesto titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabatella, contra el Decreto presidencial 236/2015, mediante el cual el gobierno macrista dispuso “la intervención por el término de 180 días y el cese en sus funciones del directorio de dicho organismo”.

La medida de Gilardi De Negre fue notificada a la abogada Elena Frizzera horas después de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunciara la fusión de la AFSCA y de la Autoridad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) en un único ente que regulará las comunicaciones, lo que en los hechos significa la virtual disolución del organismo del cual Sabatella fue titular hasta el 24 de diciembre. Frizzera es la representante de Sabatella como autoridad de la AFSCA.

Después de aceptar la “competencia” en la acción de amparo presentada por Sabatella, la jueza resolvió desestimar la medida provisoria que hubiera significado la restitución automática de las autoridades cesanteadas.
Amparo

Pero, al mismo tiempo, la magistrada resolvió darle trámite al proceso regulado en la Ley de Amparo, en el que todavía podría dictar una medida cautelar que dejara sin efecto el decreto de intervención.
Ese se trata de un camino empedrado y sinuoso, en el que ya hay un nuevo obstáculo. La fusión de AFSCA y AFTIC genera un nuevo escenario, igualmente cuestionable por la vía judicial, que desactualiza los procesos que ya están en trámite en los tribunales.

E insinúa como paradoja potencial que una medida cautelar podría ordenar la reposición de Sabbatella al frente de un organismo que ya no existiría, por decisión de otro decreto que también estaría objetado ante la propia Justicia.

La Ley de Amparo establece que “solicitada la medida cautelar, el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud”.

La jueza Gilardi De Negre otorgó un plazo de tres días al Estado para que produzca el informe, pero no dispuso la habilitación de la feria judicial. Los tribunales ya están virtualmente en receso estival, pues la Corte Suprema declaró feriado judicial para la jornada de hoy, y el 1º de enero comenzará formalmente la feria judicial.

Feria

Ante ese escenario y la posibilidad de que los plazos se extiendan al mes de febrero, la abogada Frizzera pidió la habilitación de la feria para la tramitación del expediente que lleva el número 83.656/2015.

Sabatella había pedido la nulidad del decreto que dispuso la intervención de la AFSCA y dejó “en poder del interventor las facultades de gobierno y administración”, argumentando que “se han dañado sus derechos y garantías constitucionales que lo afectan en forma directa y actual, su derecho al trabajo y al debido proceso, así como también, derechos emanados de una ley federal, como lo es la estabilidad en su cargo por un período de cuatro años, siempre que no haya una causal objetiva de remoción y se siga el procedimiento establecido”. Pero la jueza entendió que “no se encuentra configurado en el caso el supuesto” para dictar una medida provisoria con carácter de urgencia. «