El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi reabrió la denuncia hecha por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contra la expresidenta Cristina Kirchner por filtración de información reservada, que él mismo había archivado días atrás.
Fuentes judiciales informaron a NA que a partir de una presentación que hicieron las autoridades de la AFI, Gustavo Arribas y su segunda Silvia Majdalani, el juez decidió reabrir el caso. La información es por la reunión que mantuvieron Arribas y Majdalini en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación.
El encuentro se llevó a cabo el 2 de febrero pasado y, mientras tanto, Cristina Kirchner hizo publicaciones desde su cuenta de Twitter. Según la denuncia de la AFI, desde esa cuenta «presuntamentecorrespondiente a la expresidenta se efectuaron distintaspublicaciones que aludían al contenido de lo ocurrido» en laComisión Bicameral.
La AFI presentó como nueva prueba la entrevista que tras la reunión en la Comisión Bicameral del Congreso brindó la diputada del Frente para la Victoria Maria Teresa Garcia en un programa de radio.
En base a ese hecho nuevo, es que la AFI pidió la reapertura de la investigación, lo que terminó concediendo el juez Martínez de Giorgi, quien ahora solicitó el audio para evaluar los dichos de la entrevista de la diputada. Al archivar la causa, el juez Martínez de Giorgi tuvo en cuenta que no existen registros taquigráficos en la Comisión Bicameral, teniendo en cuenta que se tratan temas de carácter secreto.
«La reunión cuestionada no persiguió como finalidad laactividad de Inteligencia Nacional entendida en los términos e la ley 25.520″, la cual en su artículo 2 refiere a la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información referida a hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior», indicó.
En cambio, el magistrado recordó que la reunión de las autoridades de la AFI con la Comisión fue por hechos que tuvieron lugar durante 2013, esto es, «dos años antes de ingresar en la función pública» Arribas y Majdalani.
«No surge en el caso ningún elemento probatorio que permita aafirmar de manera cierta la comisión de accionar delictivoalguno», sostuvo el juez, quien agregó que no existe «elemento que permita demostrar que en el suceso investigado exista la sospecha de una presunta responsabilidad criminal»
