El designado ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, además de encabezar la Sociedad Rural Argentina (SRA) es vicepresidente de la Organización Mundial de Agricultores (OMA) y tesorero de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (Farm).
Nacido en Paraná, Entre Ríos, el 6 de abril de 1963, se desempeñó como delegado Zonal de la SRA desde 1993 y en 1995 comenzó como director por el Distrito Entre Ríos, donde tuvo una activa actuación gremial en la Mesa de Enlace de esa provincia a partir de 2008.
En 2010 fue elegido vicepresidente segundo de la SRA y en 2012 resultó electo presidente de la entidad que representa a los productores agrícolas de mayor del país, cargo por el cual fue reelecto en 2014 y 2016.
Etchevehere fue una de las voces críticas de las políticas del kirchnerismo para el campo. Con la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada, se mostró cercano al Gobierno, e integró en marzo pasado la comitiva oficial durante la visita de Macri a Holanda, y hasta sonó como posible candidato del oficialismo en las elecciones legislativas.
El ahora ministro fue uno de los defensores de la Mesa de Enlace que conformaban las entidades agropecuarias y que tuvieron una decisiva participación en contra de la fallida resolución 125 de retenciones móviles que había impulsado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Etchevehere se manifestó abiertamente a favor de las políticas instrumentadas por la administración que encabeza Mauricio Macri.
Etchevehere es abogado por la Universidad Nacional del Litoral, fue director del diario La Acción de Nogoyá, secretario de la Asociación de Diarios Entrerrianos (ADDE), cofundador del Consejo Empresario de Entre Ríos, y cofundador y vicepresidente de la Sociedad Rural de Diamante.
Casado, con cuatro hijos, Etchevehere proviene de una tradicional familia radical de Entre Ríos, propietaria de El Diario, de Paraná, y de la inmobiliaria Etchevehere Rural SA, firma que el futuro ministro integra. Su abuelo, Luis Lorenzo Etchevehere, fue además gobernador de la provincia de Entre Ríos entre 1931 y 1935.
Causas en la Justicia
El ahora ministro se encuentra investigado en diversas causas por reducción a la servidumbre y administración fraudulenta. El titular de la SRA fue denunciado por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) por la explotación laboral de peones y reducción a la servidumbre de dos hermanos, los Cornejo.
Los hermanos trabajaban en la estancia La Hoyita, propiedad de la familia Etchevere, en la localidad entrerriana de Rosario del Tala. Sergio y Antonio Cornejo declararon ante el fiscal Samuel Rojkin que realizaban todo tipo de tareas, desde la limpieza de malezas y alambrados hasta cortar leña y sembrar trigo, lino y soja, en condiciones de extrema precariedad (sin luz, agua ni acceso a un baño). Habían llegado a ese campo hace 38 años.
El Grupo Etchevehere indicó que la casa en la que estaban viviendo los Cornejo, de cuatro por cuatro metros, se la habían cedido en comodato en 2001. Los hermanos habían firmado esto con sus huellas digitales luego de la denuncia. Los hermanos dijeron que los Etchevehere les hicieron firmar «algunos papeles» a cambio de una suma de dinero.
Por otra parte, el responsable de la entidad del campo también está siendo investigado por el delito de administración fraudulenta, junto a sus hermanos Arturo Sebastián y Juan Diego y la madre de los tres, Leonor María Magdalena Barbero Marcial.
La demanda está radicada en el Juzgado de Instrucción número 3, a cargo de Alejandro Grippo, con la intervención de la fiscal Evangelina Santana. La causa busca determinar las maniobras financieras de la estancia Las Margaritas S.A., propiedad de la familia demandada, que cuenta con 5.000 hectáreas dedicadas a la agricultura y a la ganadería.
En el expediente judicial se investiga si los demandados desviaron dinero de un préstamo millonario del Banco Itaupú al que accedió Las Margaritas hacia otra compañía del mismo grupo, Construcciones del Paraná S.A., lo que está prohibido por la Ley de Sociedades Comerciales y penado como defraudación en el Código Penal.
En la causa también figura que los libros contables fueron denunciados como robados, pero la justicia de todas maneras pudo tener acceso a ellos con un perito. Además, sobre los manejos financieros de Las Margaritas, surgieron otras inconsistencias en los balances de la compañía, como la sospecha de que sus titulares inflaron costos para reducir sus márgenes de ganancia, lo que redundaría en una posible evasión fiscal.
