Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)
La Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) planteó sus reparos sobre la Ley de Compre Nacional, anunciada este viernes, que apunta a establecer una prioridad en las compras públicas de productos, piezas o partes nacionales. La entidad empresaria, en conjunto con otras cámaras industriales, presentará en un proyecto -a su entender- superador, con valores similares a otros países del mundo.
Desde el Ministerio de la Producción, arguyeron que el objetivo del Compre Nacional es elaborado por la Secretaría de Industria, y establece incentivos para que prevalezcan los productos que contengan una mayor integración de piezas producidas a nivel local y aumentar los márgenes de preferencia para la industria argentina, para promover una mayor participación de las pymes en las compras públicas y contribuir con la creación de “empleo en la industria local y generar capacidades competitivas en sectores estratégicos que puedan luego salir a vender sus productos y servicios a la región y al mundo”.
En el marco de las reformas al Régimen de Compras del Estado Nacional las comisiones de Obras Públicas y de Pequeñas y medianas empresas de la cámara de Diputados, invitaron a los representantes de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera), Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromagnéticas y Luminotécnicas (Cadieel), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. (Adimra).
Por su filosofía, el Compre Nacional constituye una herramienta con plena vigencia para impulsar la reindustrialización del país. Su vigencia se demuestra por el hecho de que existen leyes existen en países como EE.UU.; por las preferencias que otorgan a sus industrias Canadá, Japón y México; y los ejemplos de Italia Y Brasil, donde el privilegio a la industria nacional está contemplada en sus constituciones nacionales.
El cónclave busco reunir información de las iniciativas de cada sector para aggiornar la actual Ley 25.551, mediante modificaciones sobre adquisición de bienes y servicios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; modificación sobre el porcentaje de preferencia a las ofertas de origen nacional; modificación de los artículos sobre adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional y el cumplimiento de las sanciones que tiene esa normativa.
Diversas cámaras pymes reclamaron que con esta legislación «no se benefice a las grandes corporaciones» y pidieron que se impulse una autoridad de control.
El ministro de Producción, Francisco Cabrera, confirmó los primeros días de marzo que solo durante 2016 que unas 6.000 pequeñas y medianas empresas de la industria y el comercio habían cerrado sus puertas en la Argentina.
A mediados de noviembre del año pasado, el presidente de la Comisión de Compras Públicas de la Asociación de Industrias Metalúrgicas de la Argentina (Adimra), Rubén Cocca, aseguró que el margen de preferencia debe ser del 25% porque «la carga impositiva que pesa sobre los productos nacionales representa, cómo mínimo, el 30% del precio» y «esa carga no la tiene el producto importado».
Respecto de la iniciativa presentada por los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Trabajo, Jorge Triaca, el dirigente de Cgera, Ariel Aguilar, explicó a Conclusión que “es positivo que el Gobierno impulse una nueva Ley de Compre Nacional. Desde Cgera estamos trabajando en un proyecto superador en la Cámara de Diputados, que cuenta con el consenso muchas cámaras pymes, y que plantea un margen de preferencia de hasta el 25% para empresas nacionales, como ocurre en otros países como Brasil o Perú; o como en el caso de Israel en donde el piso para el nivel de preferencia de las compras públicas es del 15%».
En otro sentido, el titular de la Cámara Industrial de Marroquinería y Afines (Cima), sostuvo que es «necesario que el margen de integración con Pymes locales sea de 40% en los casos en los que una empresa extranjera gane una licitación del Gobierno».
El planteo de Cgera implica una sustancial diferencia con respecto al 20% propuesto por el Gobierno, Aguilar manifestó a este medio que el proyecto de Cgera busca que los beneficios de la Ley se amplíen “no sólo las adquisiciones que realice el Estado sino de todas las compras aquellas donde el Estado tenga participación como en los casos de YPF, Aerolíneas Argentinas, y empresas de servicios públicos”.
“Si las compras del Estado representan al 5% del PBI, imaginen la importancia que tendría para las empresas Pymes poder venderle al Estado”, agregó, al tiempo que destacó la importancia de que las compras respeten los criterios de transparencia y difusión.
En este último caso, se debería utilizar a las cámaras como herramienta. Por último, Aguilar indicó que la norma deberá ser muy bien reglamentada para “no debe dar margen de discrecionalidad a los funcionarios”, afirmó.
Durante el anuncio, Cabrera había adelantado que las grandes empresas tendrán una ventaja en las preferencias de 8% y que la misma se ampliará a 12% en el caso de las Pymes. En esta línea, el Ministro consideró que “la política de compre nacional es una política clara y de largo plazo” que buscará “promover el empleo de calidad y sustentable”. Para la redacción del proyecto, el ejecutivo contó con el asesoramiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y siguió los lineamientos de países modelo en este tipo de medidas como Israel, Estados Unidos y México, resaltó el Ministerio de Producción.
“Hace muchos años que el empleo privado formal fluctúa en las 6 millones de personas. Creemos que la solución para esto es la proliferación del crecimiento de las Pymes”, agregó.
Por su parte, Triaca precisó que las “compras que se hacen a nivel del Estado representan 5% del PBI”. Según el funcionario, estas “dan posibilidad de empleo a 2,5% de los trabajadores” por lo que el anuncio apunta a un “sendero de un desarrollo productivo”.
El Compre Nacional, mejor llamado Compre Trabajo Argentino, es una ley, la 25.551, que establece normas para priorizar a la industria nacional en las compras que realizan el Estado Nacional y los concesionarios, licenciatarios y permisionarios de servicios públicos, empresas a las que el Estado les delegó, entre otras, prestaciones de telecomunicaciones y distribución de energía.
Mas allá de estas afirmaciones, los empresarios esperan que se materialicen modificaciones en el rumbo de la economía, además, algunas leyes aguardan ser reglamentadas y constituyen un paliativo de transición en muchos sectores que resultaron golpeados por la caída del consumo por la pérdida de capacidad adquisitiva que debilita el mercado interno, los tarifazos y las importaciones.
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