Directivos y socios de más de 600 clubes de barrio acordaron comenzar a realizar sus actividades vespertinas en la calle para aprovechar el alumbrado público, en repudio a los aumentos en las tarifas de electricidad, gas natural y agua potable.

La Unión Nacional de Clubes de Barrio convocó -ayer por la tarde- a representantes de más de 600 clubes y federaciones de todo el país a una reunión en el hotel Bauen de la ciudad de Buenos Aires, donde exigieron la reglamentación de la Ley 27.098 de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo, sancionada el 17 de diciembre de 2014, que contempla mecanismos de asistencia financiera para que estas entidades puedan afrontar los costos operativos de sus actividades sociales y comunitarias.

Cristian Font, directivo de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, explicó a Télam que «esta convocatoria fue masiva por el dramático impacto del aumento de tarifas en la economía de los clubes de barrio. Nosotros estimamos que el 80 por ciento de las instituciones están en un escenario límite en el que ya comenzaron con el cese de actividades y en algunos casos quedaron al borde del cierre».

«Cada club de barrio le da un espacio de contención y participación a cientos de chicos y también a sus padres; el club de barrio es un punto de encuentro fundamental de las comunidades y es puesto en riesgo por este tarifazo», agregó.

Font sostuvo que «el Estado tiene que reaccionar, estamos pidiendo diálogo y mientras tanto presentando amparos judiciales; también estamos evaluando la idea de una caravana hasta la Secretaría de Deportes y muchos clubes van a efectuar sus actividades de la tarde y la noche cortando la calle para aprovechar el alumbrado público».

«No descontamos repetir una movilización cómo la que se hizo para pedir la aprobación de la Ley 27.098 en la que más de 20.000 personas fuimos con alegría al congreso, sólo que ahora seríamos muchos más los que nos movilizaríamos con nuestras tristezas en defensa de los clubes de barrio para que no cierren», remarcó.

Esteban Corrales, dirigente del club 12 de Octubre de Quilmes, contó a Télam que «a nosotros nos venía una factura de gas bimestral en el promedio de los 1.300 ó 1.400 pesos, y en esta última nos llegó 14.500 pesos que se nos hacen impagables porque no podemos transferir todo ese costo a la cuota porque vulnera la finalidad social de la institución».

«Tenemos más de 600 socios que abonan cuotas mensuales de 20 o 30 pesos, más un promedio de 150 pesos para los que participan de actividades particulares; estas nuevas tarifas nos llevarían muy rápido a una situación muy complicada», añadió.

«La Ley 27.098 es la ley de clubes que trabajamos todos los clubes y que establece la tarifa social, e independientemente de ella el estado no puede desconocer el rol social de las instituciones y si no resuelve lo de las tarifas condena a muchos clubes a desaparecer», concluyó Corrales.

Pablo, del club Estrella Junior de Lanús, dijo a Télam que «los aumentos están matando al club, veníamos pagando 3.200 pesos bimestrales de electricidad y ahora nos llegan facturas mensuales de arriba de 5.000; y veníamos pagando 2.000 pesos bimestrales de agua corriente y saltamos a 9.000; son disparates impagables para instituciones que reciben 20 pesos mensuales de cada socio».

«En el club participan más de 200 chicos en fútbol infantil, danza, handball, patín y artes marciales; vamos a esforzarnos por sostener todas las actividades, pero ya sabemos que tenemos que dejar de pensar en obras de ampliación que son necesarias y que no va a haber renovación de botines, pelotas y camisetas», añadió.

Ariel, presidente del club Defensores del Monte de Avellaneda, dijo a Télam que «somos un club donde hay más de 800 chicos que todas las semanas participan de fútbol, danzas, patín artístico o artes marciales; veníamos pagando 1.300 pesos bimestrales de electricidad y ahora nos cobran 3.500 mensuales».

«Hasta ahora nosotros tenemos recursos para enfrentar el tarifazo, pero conocemos muchos clubes amigos que tuvieron que dejar de pagar los servicios y están a poco de cerrar las puertas porque no encuentran recursos para cubrir esto, o bien porque tienen menos socios o porque están en barrios de menos poder adquisitivo», subrayó.