A través de una resolución del Ministerio de Trabajo publicada hoy en el Boletín Oficial, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de este año la vigencia del Programa de Recuperación Productiva, creado el 10 de julio de 2002 para los trabajadores que prestan su labor en sectores privados, que consiste en subsidios destinados a frenar los despidos en las empresas.

Desde el Ministerio de Trabajo afirmaron que las empresas cuyas solicitudes fueran aprobadas “se comprometerán a abonar a los trabajadores beneficiarios del Programa el suplemento en dinero necesario para alcanzar el salario establecido para la categoría de que se trate en el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a la actividad correspondiente”.

Las compañías deben comprometerse a “mantener la dotación total de personal registrada al momento de la presentación de su solicitud y/o aprobación de la misma y a abstenerse de disponer despidos sin causa y por razones de fuerza mayor», según la resolución publicada este viernes.

De igual manera, esa obligación «podrá ser exceptuada en los casos de las empresas que cuenten en su nómina de trabajadores contratados bajo el régimen del contrato de trabajo de temporada, situación que deberá ser fehacientemente comunicada y acreditada por el empleador al momento de su adhesión, la cual tendrá que estar estrictamente vinculada con la actividad que la empresa desarrolle».

No podrán ser beneficiarias del programa aquellas empresas que se encuentren incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) de la ley 26.940, así como tampoco los trabajadores menores de 18 años.

Acorde a la resolución, podrá disponerse el otorgamiento del beneficio «por un lapso de hasta 12 meses y por una suma fija mensual de carácter remunerativa de hasta el monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil, a favor de los trabajadores de las empresas adheridas al Programa».

Finalmente, se recordó que la Ley 27.200 dispuso una nueva prórroga de la declaración de Emergencia Ocupacional Nacional hasta el 31 de diciembre de 2017.

El REPRO, vigente desde 2002, está destinado exclusivamente a trabajadores que prestan su labor en sectores privados «en declinación y áreas geográficas en crisis», y que tiene por objeto brindar una ayuda económica no remunerativa a los mismos en miras a paliar los efecto negativos en su relación de empleo, según el Poder Ejecutivo.