Asociaciones y entidades como la Federación de Inquilinos y la Defensoría del Pueblo buscan que el Gobierno nacional extienda el congelamiento de alquileres y la prohibición de desalojo hasta el 31 de marzo del 2021. Las medidas, vigentes actualmente por el decreto 320/2020, se dictaron al comienzo de la pandemia para proteger a un sector que quedó sumamente expuesto ante el parate económico.

Desde la Asociación de Inquilinos de Rosario tienen relevado que el decreto ha sido hasta el momento la herramienta más utilizada por las personas que alquilan para enfrentar el cese de ingresos. Según contabilizaron, cerca de un 40 por ciento de los inquilinos de Santa Fe se escudaron en este mecanismo.

«Vemos que las medidas que se tomaron en salud fueron muy certeras, pero en el plano económico hay sectores que se vieron muy complicados por la pandemia. Ante estas situaciones, proponemos la extensión del decreto 320 hasta el 31 de marzo», señaló el titular de la Asociación de Inquilinos de Rosario, Emmanuel Canelli, en declaraciones a Conclusión.

Canelli explicó que extender la vigencia de estas políticas de emergencia daría mayor previsibilidad a la relación entre inquilinos y propietario, ya que «en ese tiempo se le garantizará la vivienda al sector que alquila», mientras que «aquellos que quieran ir evaluando un nuevo contrato también tendrían la posibilidad de ir buscando una nueva vivienda».

De igual manera y contemplando la situación actual de las personas que se han endeudado al atrasarse en el pago del alquiler, desde la Asociación y la Defensoría del Pueblo entienden que sería interesante evaluar algún mecanismo que pueda financiar esa deuda.

«Siempre entendiendo que, en Santa Fe, tanto inquilino como propietario provienen de la misma clase social y mucha gente necesita del cobro del alquiler, pero hoy hay sectores que no pueden hacerle frente a la deuda que contrajeron en este tiempo», detalló Canelli.

Aumentos en plena pandemia

La preocupación del sector de inquilinos aumentó al relevar las variaciones en los precios de los contratos de alquiler respecto al año pasado. A pesar de la sanción y entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, observaron un aumento interanual de un 50 por ciento.

«El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) dice que del mes pasado a este hubo un incremento de 14 por ciento», advirtió Canelli.

Según explicó, estos aumentos son producto de varias situaciones: «Hay gente que no entendió cómo es el mecanismo de la Ley de Alquileres, que viene a regular los aumentos. Cabe aclarar que éstos están garantizados, no es que no aumentarán. Al no entenderlo, directamente están proponiendo un 50 por ciento para un nuevo contrato».

«Vemos que (los propietarios) se están perjudicando ellos mismos. El inquilino va a tener que hacer el esfuerzo de buscarse una nueva vivienda y mudarse, pero el propietario que exigió ese aumento va a terminar con la vivienda ociosa por cinco o seis meses por no adecuarse a lo el bolsillo puede pagar», puntualizó el titular de la Asociación de Inquilinos de Rosario.