Productores de la agricultura familiar solicitan visibilización y políticas de estado
En soledad, pero con la fuerza de siempre, el campo que alimenta insiste con un respaldo que brilla por su ausencia. Productores del Gran Rosario alzan su voz y llaman a tomar conciencia del duro momento que atraviesan.
Por Alejandro Maidana
La Ley de Agricultura Familiar 27718 busca impulsar la producción agropecuaria para lograr la soberanía y seguridad alimentaria de la nación. Valorizar la agricultura familiar, reconocer las prácticas de vida y de producción de las comunidades originarias, y favorecer que las familias y jóvenes vivan en el campo.
La ley en su Art.1 declaró de “interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva”. Entre las principales problemáticas identificadas en la Argentina respecto de la Agricultura Familiar, se encuentran el acceso a la tierra, al agua, a los mercados, a la tecnología y el desarraigo de los jóvenes.
Un dato nada menor, indica que en Argentina el 1% de los propietarios concentran más del 40% de las tierras productivas, un índice muy similar al de la provincia de Santa Fe, en donde 2.044 propietarios acaparan casi el 60% de las tierras. Esto quiere decir que, en una provincia en la que viven 3 millones y medio de personas, el 0,06% es dueño del 60% de las tierras. Cifras que explicitan la cruda realidad de una ruralidad que, en el desarraigo y los desplazamientos, vio transformada su vida gracias a un modelo garante concentrador de privilegios y amplificador del dolor.
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El último Censo Nacional Agropecuario, arrojó que la soja ocupa una superficie de 12.734.371,7 hectáreas en 124.827 parcelas. La soja representa el 88% del total de la superficie implantada con oleaginosas. La provincia que ocupó mayor superficie fue Buenos Aires, con un total de 3.899.212,9 hectáreas, seguida por Córdoba con 3.476.388 hectáreas, y la provincia de Santa Fe, con 2.329.011,8 hectáreas. El segundo cultivo oleaginoso en importancia, en términos de hectáreas, es el girasol.
La agricultura familiar y campesina, el último orejón del tarro en la agenda estatal
Debido a las pérdidas causadas por las dificultades climáticas iniciadas con las fuertes lluvias en la primera mitad del año y la helada de las últimas semanas, los agricultores del Gran Rosario están atravesando una crisis económica irremontable que afecta directamente los precios de las verduras en la provincia.
Esta realidad sumada al complejo contexto económico del país genera que los productores de hortalizas no puedan cubrir los gastos que conlleva volver a sembrar de forma sistemática, teniendo en cuenta que el valor de los insumos que utilizan para trabajar está fijado en dólares. Las pérdidas y la falta de producción impactan automáticamente en el precio final que se ve en las verdulerías, pero de ese monto es muy poco lo que les queda a quienes producen en el campo.
Ante estos hechos Juan Tejerina, productor radicado en Pueblo Esther y referente del MTE en dialogo con Conclusión afirmó: «Desde el mes de marzo le venimos pidiendo al Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y a sus funcionarios que den una respuesta, más que nada el poder organizar una reunión para tratar la problemática, pero hasta ahora desde el gobierno provincial no se decidieron a atendernos, para nosotros cada día la cosa se va poniendo peor, nos preocupa no saber cómo sostener el trabajo hasta fin de año».
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Los productores de la agricultura familiar atraviesan una realidad escabrosa, la soledad a la que están expuestas sus luchas es abrumadora. “Estamos resistiendo como podemos, somos productores que llevamos adelante nuestro trabajo en la zona que abarca Alvear, General Lagos y Pueblo Esther. Las políticas de estado para el sector son nulas, es muy triste acudir a los distintos municipios cuando por producto de las intensas lluvias o heladas perdemos la producción, ya que la respuesta es siempre la misma, desde la provincia no han mandado nada. La realidad que no deberían esperar a la provincia, ya que de ellos deberían nacer distintos proyectos de acompañamiento y protección. En lo particular he padecido la sequía debido a la falta de riego, le solicité al municipio de General Lagos una bomba sumergible y la respuesta fue negativa”.
Juan Tejerina insiste en la imperiosa necesidad de contar con el apoyo del estado, pero resalta que no reciben respuesta alguna por parte del Secretario de Producción de la provincia. “Nuestra producción es básicamente de verduras y frutas como el melón y la sandía, lamentablemente dejamos de producir tomates por el altísimo costo de sus semillas y los plantines. Hace mas de cuatros meses mantuvimos una charla con el Secretario de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe, Ignacio Mántaras, con el foco puesto en las intensas lluvias que padecimos sobre nuestra producción. En aquel momento nos comentó que aún no tenían armado los equipos, pero en la actualidad seguimos sin respuestas”.
El campo que alimenta, el que produce alimentos para el pueblo y no commodities para exportación, sigue abandonado a la buena de un destino que parece estar forjado por el dolor. “Se piensa y legisla solo para los grandes, y nosotros que producimos para el pueblo argentino con precios populares, no somos vistos por el gobierno provincial y menos aún por el nacional. Nos genera mucha impotencia, en este país ser productor y no poder producir en condiciones, es muy frustrante. Claramente nuestra situación se ve agravada debido a que el Pro Huerta ya no está, y el INTA no acompaña”.
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El encarecimiento de los insumos para la producción, es otra de las problemáticas que acorrala la producción campesina. “Producir es una lucha constante, lo mismo que la venta del producto al mercado, que también es malísima. Es mucho el trabajo para que las ganancias más grandes se las lleve el comisionista, dejándonos a la mayoría con lo justo. Los intermediarios son parte del problema, nosotros le vendemos al pueblo el atado de acelga, espinaca o rúcula a $500, alimento fresco y sano, ya que hacemos agroecología”.