El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, junto a la diputada nacional Alicia Aparicio, presentaron una iniciativa para modificar la Ley de Conservación de Fauna con un abordaje integral. El proyecto, que ya fue presentado en la Cámara de Diputados, amplía las protecciones a las especies y aumenta las penas, que pasarán a ser de prisión efectiva.
La iniciativa, que busca modificar la Ley 22421, genera restricciones significativas vinculadas a la caza: prohíbe la importación, exportación y tránsito interjurisdiccional de todo trofeo de caza; la caza deportiva de animales declarados como monumentos naturales y aquellos en peligro de extinción y la cacería con perros. Además, incrementa los montos y las penas para que sean de prisión efectiva. En caso de reincidencia, las sanciones aumentarán un 20 %.
El comercio ilegal de animales y vectores es el cuarto más lucrativo del mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas, genera entre 15 y 20 mil millones de dólares anuales, lo que da cuenta de la permanencia de la caza furtiva a escala global.
Para aquellas personas que cacen animales que sean monumento natural o los prohibidos por la autoridad de aplicación las penas aumentan de tres a seis años de prisión con inhabilitación especial de hasta diez años. Para quienes cacen animales silvestres en campo ajeno sin autorización, las penas aumentan a seis meses y dos años de prisión y con inhabilitación especial de hasta tres años.
En situaciones en las que esta acción se lleve a cabo de manera organizada o con concurso de tres o más personas o con armas, artes o medios prohibidos, la sanción se incrementa de cuatro a ocho años de prisión con inhabilitación especial de hasta 15 años.
En cuanto a la caza de animales silvestres con armas, perros, artes o medios prohibidos por la autoridad de aplicación, la pena se eleva de tres a seis años de prisión, con posible inhabilitación especial de hasta 10 años.
Cabe destacar que el Ministerio de Ambiente nacional ya realizó un primer esfuerzo en el marco de sus competencias al prohibir el tránsito interjurisdiccional de trofeos de caza de fauna autóctona. Además, la Brigada de Control Ambiental (BCA) lleva adelante una política de cierre de cotos de caza y decomiso de trofeos.
