Por Osvaldo La Spina
Fotos: Salvador Hamoui
El transporte público de pasajeros, urbano e interurbano, desde hace tiempo, se encuentra en jaque. Las prestaciones lejos están de ser las esperadas por los usuarios y pasan los años y poco se hace para avanzar en mejoras y soluciones capaces de evitar accidentes viales y largas colas de tráfico.
Según el diputado provincial del PRO Roy López Molina, otro factor que incide en el mal funcionamiento del tránsito en general es la actual Ley de Transporte provincial, que rige desde el año 1935.
«La actual ley no sólo queda obsoleta, sino que, en ella se va la vida de la gente», denunció el funcionario y propuso a modo de solución la creación de una nueva ley que tenga como principal objetivo «brindar un servicio de transporte de calidad, con eficiencia, que cumpla horarios, que contemple los derechos de las personas con discapacidad, que las organizaciones de consumidores estén en condiciones de deshabilitar la concesión por las faltas cometidas».
En ese sentido, López Molina señaló a Conclusión que «reemplazar un proyecto de ley de Transporte que en la provincia tiene casi 100 años, tiene que ver con presentar un proyecto de transporte del siglo XXI donde estén contemplados por un lado todas las obligaciones que tienen las empresas concesionarias del servicio, y por otro lado todos los derechos del usuario, desde contar con un asiento hasta avanzar en medio boleto estudiantil y universitario, las franquicias para las personas con discapacidad, por ejemplo».
Entrando en detalles, el diputado dijo que con la nueva ley también se buscaría mejorar las condiciones de contratación: «No queremos más permisos precarios donde el que presta el servicio casi no tiene obligaciones, sino que queremos que el mecanismo para prestar el servicio sea bajo la regla de la licitación pública, es decir la participación de todas las empresas en un proceso transparente».
Consultado sobre posibles sanciones al incumplimiento de la ley, López Molina destacó que será un «sistema claro y concreto» que atiende desde multas que pueden llegar a los 4 millones de pesos, hasta inhabilitaciones si los incumplimientos se reiteran. Además, establece cuáles son las causas de caducidad del servicio siendo la autoridad de aplicación -la provincia- quien decida si esa empresa se encuentra o no en condiciones de seguir prestando el servicio.
Entre algunos ejemplos de multas enumeró el abandono de la concesión, la quiebra del concesionario, el reiterado incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el cobro de tarifas por encima de lo permitido, «todas situaciones que se viven a diario».
«Con esta ley damos al usuario un derecho fundamental que hoy no existe que es el de solicitar información, pero además damos mecanismos de participación ciudadana donde puedan controlar el servicio», explicó y agregó: «Sumamos a las ONGs de usuarios y consumidores que tienen una tarea fundamental a la hora de garantizar estos derechos, y hoy están afuera del sistema. Les damos participación para que se involucren, se comprometan y puedan reclamar en nombre de muchos usuarios que tienen el problema y a veces no encuentran la manera de llevar adelante los reclamos».
A modo de cierre el diputado de Cambiemos dijo que «es una ley que busca mejorar el transporte interurbano de la provincia y que el servicio se preste vía licitación pública, distinto a lo que pasa hoy donde la regla es el permiso precario, donde poco se le exige al concesionario y después llegan los problemas porque no hay una ley de fondo que pueda exigir, sostener, y emitir reclamos«.
