La Corte Suprema de la provincia de Santa Fe rechazó un recurso de queja presentado en 2016 por Oscar Licera -quien maneja el tambo- con lo cual avanza la orden de desalojo del lugar.
El tambo La Resistencia, ubicado en el barrio Nuevo Alberdi y explotado por la agrupación política Ciudad Futura, se encuentra en un conflicto judicial desde hace algunos años. Tras varios intentos de desalojo, en septiembre de 2016 la Corte había aceptado el recurso de queja presentado por el titular del tambo, suspendiéndose así el desalojo.
Sin embargo, en los últimos días un fallo unánime de los jueces Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuller y María Angélica Gastaldi, declaró inadmisible el recurso presentado por Licera, con lo que el desalojo vuelve a estar en vilo.
Desde la agrupación Ciudad Futura emitieron un comunicado donde sostuvieron que «existen tres leyes, dos nacionales y una provincial, que amparan taxativamente al tambo La Resistencia, a su producción y su permanencia».
«La ley provincial 13.334 que protege al pequeño productor rural e impide su desalojo. La ley nacional 27.118 que defiende a la agricultura familiar de los despojos y, por último, la ley de barrios populares (27.453), que no sólo frena por 4 años los desalojos de los inmuebles que forman parte del registro confeccionado por esa misma ley, sino que declara a esos lotes de interés social sujeto a expropiación», explicó el documento.
Por este motivo, desde el espacio político realizarán las presentaciones que correspondan para que el poder judicial de Santa Fe «se atenga al cumplimiento de la ley y ordene la suspensión definitiva del desalojo del tambo La Resistencia».
Finalmente, desde Ciudad Futura advirtieron que el desalojo del lugar afectaría a más de 200 familias que habitan en la zona rural del barrio Nueva Alberdi.
El caso
El predio donde funciona el tambo La Resistencia es propiedad de Mario Jáuregui, quien en el año 2007 firmó un préstamo de algunas lotes a Oscar Licera para que los explote con fines agropecuarios.
Sin embargo, una vez que el contrato expiró Licera continuó usufructando las tierras y Jáuregui inició un juicio de desalojo. A fines del 2012 la justicia emitió un fallo que ordenaba el desalojo del predio, el cual fue apelado por Licera, argumentando la violación de la ley 13.334 , de «declaración de emergencia y suspensión de desalojo de predios rurales».
Así, se frenó la orden de desalojo mientras que la justicia pidió que la Municipalidad defina si el espacio era considerado urbano o rural. Finalmente, la Dirección de Catastro dictaminó que se trataba de un área urbana.
El caso llegó hasta la Cámara, la cual determinó que la ley 13.334 no podría aplicarse en esta oportunidad. Ante esto, Licera presentó un recurso de queja ante la Corte, el cual fue rechazado.
