La pandemia de coronavirus obligó al presidente Alberto Fernández a recurrir con asiduidad a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y en menos de un mes firmó 16 de ellos, cuando en sus primeros 80 días de Gobierno sólo había rubricado 10.
Desde comienzos de marzo, cuando se conoció el primer caso de COVID-19 en la Argentina, el mandatario se vio obligado a tomar medidas sin pasar por el Congreso, ante la imposibilidad de aguardar los tiempos legislativos.
«Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros», establece el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional.
El primero de los DNU fue el que estableció la emergencia sanitaria, que apareció publicado en un suplemento del Boletín Oficial en la noche del jueves 12 de marzo: un día antes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado pandemia al coronavirus.
Para ese entonces, ya había 31 casos positivos en el país y el primer paciente había recibido el alta médica.
A partir de esa primera medida, el jefe de Estado y sus ministros firmaron 15 DNU más: todos vinculados con el coronavirus, con la única excepción de una modificación de la Ley de Inteligencia Nacional.
Hasta fines de febrero, se habían publicado un total de 10 decretos de necesidad y urgencia con la firma de Alberto Fernández.
«La evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, por lo que deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes», justificó el mandatario en los textos de los DNU, a la vez que recordó que estos instrumentos .
El decreto de necesidad y urgencia más destacada fue el publicado el pasado viernes 20 de marzo, cuando Alberto Fernández estableció el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
También fue la vía para cerrar las fronteras, prohibir despidos, congelar hipotecas y alquileres y frenar los cortes de servicios en caso de mora o falta de pago, entre otras iniciativas adoptadas por el Poder Ejecutivo para contener las consecuencias de la cuarentena en la situación económica.
Días atrás, el Congreso prorrogó los plazos legales de los trámites debido al parate en el que entró el Poder Legislativo por la cuarentena general, por lo que todavía no se fijó una fecha para reunión a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que debe analizar los DNU.
Este viernes, el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica le solicitó al presidente del cuerpo, el oficialista Marcos Cleri, que convoque con «carácter urgente» a la comisión para tratar todos los decretos.
