Por Aldo Batttisacco – Enviado especial – La polémica se desató cuando el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, afirmó que “las inversiones en energía eólica” no le dejan nada a la provincia, por lo que están manejando la posibilidad implementar un impuesto al viento.

“Lo único que deja es la mano de obra al principio y después se reduce sustancialmente”, explicó el ministro de Infraestructura de esa provincia, Raúl Chicala.

“Para todo el mundo sonaba ridículo el famoso impuesto al viento, pero hoy nos damos cuenta que no era tan ridículo, porque era una forma de cobrar un impuesto a un recurso natural”, reconoció el funcionario.

Chicala señaló que están analizando qué acción pueden implementar «en torno al cobro de algún impuesto que deje algo para Chubut”.

La provincia adhirió y promovió la Ley 27.191, que rige el desarrollo de las energías renovables en Argentina. Esta normativa vigente hasta 2025, asegura seguridad jurídica para las compañías que firman contratos PPA con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (Cammesa) frente a incrementos de impuestos, permitiendo a los generadores modificar el precio ante un eventual cambio fiscal.

El artículo 13 indica: “cualquiera sea la fecha en que sus proyectos se inicien y desarrollen, podrán trasladar al precio pactado en los contratos de abastecimiento de energía renovable celebrados, los mayores costos derivados de incrementos de impuestos, tasas, contribuciones o cargos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires producidas con posterioridad a la celebración de dichos contratos”.

A partir de que tomó fuerza el impulso que el gobernador de Chubut, le dio al tema hace pocos días, el diputado Gustavo Menna dijo a Conclusión que se trata de una iniciativa «de un  funcionario provincial, y hoy se conoció la desmentida, pero si fuera la intención es un error porque como política alternativa para generar recursos energéticos, la ley 27.191 resultó buena».

«La ley de energías renovables permitió una explosión de parque solares y eólicos, porque además la norma establece estímulos a esas inversiones que son muy altas en un principio y se recuperan a largo plazo, que es todo lo contrario de lo que plantea una iniciativa de esta naturaleza», señaló el legislador nacional.

Por otro lado, el parlamentario apuntó que «no hay que olvidar que Argentina firmó acuerdos internacionales que procuran mitigar las consecuencias del efecto invernadero, pero para eso hay que incentivar y promover las energías renovables», al tiempo que recordó que en «el texto de la ley se consigna que un 8% de la matriz energética para el año 2025 debe ser incorporado».

Respecto de las cargas tributarias con el cual se lo piensa gravar -no contempladas cuando se inició el desarrollo- «de este tipo de parques productores de energía, conspira contra el éxito de ese plan», subrayó el diputado chubutense.