Por Aldo Battisacco, desde Buenos Aires
El senador nacional Fernando Pino Solanas, fiel a su estilo frontal, cargó contra la media sanción que efectuó este miércoles el Senado de un proyecto de ley remitido por Ejecutivo nacional, que crea un régimen de Participación Público Privada (PPP), para la construcción de obras públicas de infraestructura. Además fue cáustico a la hora de analizar los alcance y los «efectos perniciosos que le acarrearía al país y a la población si diputados acompaña con su aprobación la sanción de la Ley».
El legislador que votó en contra del proyecto, dialogó con Conclusión, y expresó que «la experiencia latinoamericana de los PPP, es lamentable y ésta ley significará para le país un festival de endeudamiento, porque habrá transferencia de contratos y de fondos, pero también la liquidación de la la industria nacional». Y agregó que con esta ley «han tirado a la basura la legislación que protegía la participación de las pymes en un 20% de la provisión de insumos, haciendo desaparecer el compre nacional y con ello la destrucción de la mano de obra local, lo que convierte a esta ley en canalla y siniestra».
Para dar una dimensión de la magnitud del daño potencial que podría generar esta normativa aprobada por el Senado y remitida a Diputados, el legislador apeló a una comparación de lo sucedido con «este modelo público privado que se instrumentó en México donde la principal constructora dejó un agujero tres mil millones de dólares».
— ¿De qué otras formas y en qué áreas se aherrojará el destino de la industria nacional y la autonomía de las decisiones del Estado?
— Con esta ley hay que olvidarse de reconstruir la industria ferroviaria, se va a endeudar al Estado para comprar estructura para los ferrocarriles a China. Acá el estado es garante de este festival de endeudamiento. Por otra parte el Estado se endeudará por ïniciativa de las empresas privadas´de la peor forma porque lo hará puenteando al Congreso para pedir créditos y generar deuda externa. Los países del norte atraviesan una gran crisis y están hábidos por vender, nosotros somos los pavotes que vamos a comprar, otra cosa es cuando el Estado necesita hacer una obra que no se puede financiar desde Argentina y pide un préstamo con el concurso del Congreso y por medio de un debate establece que es o no prioritario, esta ley pasa por encima todos estos supuestos lo que la convierte en la ley de la vergüenza».
— Según su condición de experimentado legislador y atento que los demás bloques conocieron el mismo proyecto que usted, ¿que explica la mayoritaria aprobación con la que avaló la oposición?
— No lo puedo explicar, si puedo afirmar que hubo algunos senadores del Frente para la Victoria que se opusieron al igual que otros del Peronismo Federal. Pero los demás serán los que deberán explicar esta locura.
— Cuando hablamos de jurisdicciones, hablamos de las ya conocidas como el Ciadi o se abre un abanico más amplio?
— «Eso es lo menos que nos puede pasar, esto es una porquería, nos quieren someter a los tribunales de Lóndres, Nueva York y París. Y lo que es peor, si se suscita algún conflicto entre el Estado y las empresas, son éstas últimas las que elijen la jurisdicción, hasta de recurrir al Ciadi, el carácter de las resoluciones de este organismo son definitivas, además de inapelables. Es patético que 70 años de legislación nacional sobre la obra pública que defendía la industria y el trabajo nacional es echada por tierra con la aparición de esta ley. Además es gravísimo porque el texto contiene otra falsedad como que la Auditoria General de la Nación puede auditar lo que suceda, la gran mentira reside en que este organismo interviene cuando la obra esta terminada. Por otra parte, este organismo carece de toda infraestructura para controlar la ejecución de todo paso previo. Los países serios poseen organismos que auditan mediante un seguimiento las inversiones extranjeras. Algo que no podrá darse en este caso porque los organismos nacionales que entendían en estas áreas estaban en el Banco Central y fueron disueltos en los años noventa. Para poder ejercer un contralor se debe determinar sobre que , porque es posible hacerlo en una gran fábrica, y hasta de una empresa hidroeléctrica pero son conocimientos técnicos muy específicos y hay que tener recurso para contratar consultoras que fiscalicen».
— ¿Se vuelve a la socialización de las pérdidas y a la privatización de las ganancias?
— «Si, la magnitud del daño en materia ambiental quedará a cargo del Estado nacional. El Estado no construirá ni hará nada, cederá los fondos, se convierte en garante de esa deuda y el daño ambiental lo deberá asumir el país. No se explica porque el grueso de los legisladores de la oposición avaló esta porquería. Aprobaron una ley que refleja las necesidades de los países centrales y no las de nuestro país. Que decir de las empresas Chinas que operan en la Patagonia, el 40% de los trabajadores son de es nacionalidad. Con esta Ley, el Estado se endeuda y le pasa el negocio al privado, y este si quiebra o transfiere el contrato, le traslada el quebranto al estado. Es bochornoso. Las verdaderas industrias de base que tuvimos con Perón que son las industrias de industrias, porque se fabricaban máquinas herramientas, para manufacturar productos de consumo final, desaparecerán. En este contexto, hay que ver que un tercio de la población esta en la lona, tercerizada, sin cobertura social y hay un 15% de desocupación, esta son la leyes que se le ocurren a Mauricio Macri», concluyó el senador porteño.
