Un cable de la agencia de noticias Télam da cuenta que el fiscal federal Walter Rodríguez, de la Fiscalía Federal de Primera Instancia Nº 2 de la ciudad de Santa Fe, solicitó el desafuero del diputado nacional Hermes Binner y del senador provincial Miguel Lifschitz, por no presentarse a declarar, en dos oportunidades, en una causa donde se investigan presuntas irregularidades en los fondos de campaña utilizados en el año 2007.
Por entonces, Binner era presidente del Partido Socialista y Lifschitz el tesorero.
La causa data del año 2014, y se inició luego que la Cámara Electoral «desaprobara» el balance del financiamiento de la campaña electoral nacional de 2007 en esta provincia.
En ese momento, la justicia puso la lupa sobre aportes privados que ayudaron a financiar la campaña nacional del socialismo en Santa Fe, que postuló la fórmula presidencial integrada por Rubén Giustiniani y Elisa Carrió. Ese año, Binner fue elegido gobernador.
El candidato a gobernador del PRO, Miguel Del Sel, también fue citado por el balance de 2012 y se presentó ante la justicia.
“La Fiscalía –señala un comunicado- celebró el acto previsto por el artículo 353 bis del Código Procesal Penal en los casos del Partido del Campo Popular Orden Nacional, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Alianza Santa Fe Federal, Alianza Compromiso Federal, Alianza Proyecto Sur y PRO».
Agrega que «no así con los referentes del Partido Socialista, a raíz de registrar dos inasistencias injustificadas del presidente y su tesorero, que dieron espacio al impulso de la publicación del Régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados previsto en la ley 25.320».
La citada norma es conocida como ley de desafuero, y comprende a las inmunidades de los funcionarios públicos y legisladores mientras duren sus mandatos.
La Justicia Federal santafesina cuestiona gastos de campaña del socialismo por 1.879.207 pesos durante las elecciones nacionales de 2007 que no coinciden con «la lista aportada bajo el título ‘Aportes partidarios 2007”, que fue por 781.907 pesos. Además, se cuestionan ingresos percibidos que encuadrarían dentro de las prohibiciones previstas por la ley de financiamiento de partidos políticos.
«Esto es la aceptación y recibimiento de contribuciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas por un lado, y de asociaciones sindicales, patronales y profesionales por el otro», agregó el fiscal. De acuerdo al detalle judicial, se trata de 30 mil pesos aportados al PS por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales del departamento Castellanos; otros 5 mil provenientes de la Asociación de Cooperativas Argentinas; 6 mil de la Cámara de Estaciones de Servicio y Garaje; 11 mil pesos de la empresa Terminal Puerto de Rosario y 10 mil de la concesionario de transporte Monticas SA, entre otros.
El cuestionamiento que hizo la Justicia es porque este tipo de personas jurídicas -entidades gremiales o empresariales y concesionarios privados, entre otros- no pueden aportar dinero a un partido, porque lo prohíbe la ley electoral Nº 26.215, que rigió por primera vez en los comicios de 2007.
Por su parte, el referente del PRO en Santa Fe, Miguel Del Sel, también fue citado y debió responder porque mientras era presidente del PRO en 2012, rubricó un balance que fue objetado por las autoridades electorales. En 2013 el auditor de la Cámara Nacional Electoral, Roberto Franco, desaconsejó su aprobación.
El único antecedente similar que existe en el país es el caso del ex gobernador de Neuquén Jorge Sobisch, a quien la jueza Carolina Pandolfi inhabilitó, en marzo de 2012, a ejercer cargos y participar en elecciones por dos años.
