Luego de la medida cautelar resuelta por una jueza de feria de Chaco, que suspendió la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el territorio de Chaco, Amnistía Internacional, el CELS y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), exigieron «que no se generen zonas de discriminación».
En un comunicado, señalaron que «organizaciones de la sociedad civil exigimos que se garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata de un derecho conquistado en un proceso democrático, tras un largo debate en el Congreso».
Consideraron que la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial No. 19 de la ciudad de Resistencia, «desconoció que ningún juez ni jueza puede suspender la vigencia de una ley con efectos generales. Además, no advirtió que el hecho de que la Constitución chaqueña proteja la vida desde la concepción no es ningún obstáculo para la aplicación de la ley».
«Decisiones de este tipo no hacen más que minar el uso de las herramientas legales, tan importantes para la garantía de derechos como las medidas cautelares, y el proceso legislativo llevado adelante con un amplio debate en diciembre», señalaron las organizaciones.
Ante este fallo, las ONG señalaron que «insistimos en que las provincias y el Estado nacional cuestionen las decisiones judiciales que desprotegen a las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar en el ejercicio de su derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho al aborto».
Y recordaron que, a pesar de la sentencia, «hasta tanto la justicia de Chaco revierta esta medida cautelar, debemos destacar que el derecho a los abortos legales vigentes en la Argentina desde hace cien años (es decir, si el embarazo fue producto de una violación, si la gestación afecta la salud de la persona o si pone en riesgo su vida) se encuentra vigente en Chaco como en todo el territorio nacional».
