Piden informes sobre liberación de Milagro Sala según pidió ONU

Los organismos de derechos humanos Amnistía Internacional, Andhes y Cels pidieron hoy al Estado argentino «que informe las acciones que está realizando para cumplir con la decisión definitiva del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que le solicitó liberar de inmediato a Milagro Sala».

«Para tomar esta decisión el Grupo de Trabajo consideró la información sobre todas las causas judiciales contra Milagro Sala, aportada tanto por las organizaciones que realizamos la denuncia internacional como por el propio Estado, y concluyó que ‘la privación de libertad de la señora Milagro Sala es arbitraria’ y que debe ser liberada», señalaron los tres organismos en un comunicado.

Según el mismo texto, que resumió una nota enviada a la canciller Susana Malcorra y al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, el Grupo de Trabajo «también le encomendó al Estado informar sobre las medidas de seguimiento de la resolución».

Entre las mismas se incluyen la fecha de su liberación, si ha tenido lugar algún tipo de reparación, si se ha “llevado a cabo una investigación sobre la violación de los derechos de la señora Sala” y con qué resultados, y qué medidas se tomaron «para evitar la repetición de los hechos que originaron la intervención del mecanismo internacional».

«La decisión del Grupo se dictó en aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dos instrumentos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país», argumentaron los tres organismos.

En consecuencia, sostuvieron que «su ejecución, lejos de ser una opción, es un deber del Estado ante la comunidad internacional y el sistema jurídico argentino».

«Por otra parte, ante decisiones de órganos internacionales de derechos humanos, el Estado no puede utilizar como excusa para incumplir que se trataría de una supuesta interferencia indebida en otros poderes o jurisdicciones», porque «tal proceder significaría desconocer sus obligaciones internacionales, el rol que tiene el Estado federal como garante y numerosos antecedentes», argumentaron en la nota dirigida a Malcorra y Avruj.