El fiscal general ante la Cámara de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, pidió este viernes la imputación y la indagatoria del expresidente Mauricio Macri, del exministro de Defensa Oscar Aguad y del exjefe de la Armada Marcelo Srur, en la causa donde se investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan que se cobró la vida de 44 marinos, tras desaparecer el 15 de noviembre de 2017
El funcionario judicial formuló el planteo en una audiencia en la que se discuten las apelaciones al fallo de la jueza Marta Yáñez que había procesado sólo a seis altos mandos de la Armada por estrago culposo agravado por el resultado de la muerte, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes.
La solicitud está en sintonía con lo que ya había solicitado a fines de octubre del año pasado la querella mayoritaria de la investigación, que encabeza Fernando Burlando junto a las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias. «Desde Comodoro Rivadavia están defendiendo la verdad y la Justicia», señalaron las letradas e 0223 tras conocer el petitorio.
La decisión del fiscal se dio en el marco de la segunda jornada de audiencias en las que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia definirá el futuro del fallo de primera instancia que dispuso el procesamiento de seis altos mandos de la Armada y rechazó investigar las eventuales responsabilidades de los integrantes del Poder Ejecutivo.
Las querellas que representan a las familias de los tripulantes fallecidos piden cambiar la calificación legal que usó la jueza Yañez y reemplazarla por homicidio agravado por el número con dolo eventual y que se dicten prisiones preventivas, pero además piden ampliar la lista de imputados.
El 16 de mayo de 2018, Conclusión tomó este testimonio del padre de uno de los submarinistas, en momentos que ya rodaba la versión que la responsabilidad del hundimiento radicaba en la tripulación y no en los mandos superiores, como el comandante de alistamiento, encargado de ver qué barcos pueden zarpar y qué barcos no. Luis Tagliapietra desmintió esas «insinuaciones», que fueron echadas por tierra cuando se conoció que la nave tenía «más de 30 averías o fallas técnicas previas a la autorización de la misión encomendada».
Las defensas de los marinos implicados (dos contraalmirantes, cuatro capitanes de navío, un capitán de fragata y un capitán de corbeta), al revés, piden que se revoquen los procesamientos y cuestionan también la actuación de la jueza de Caleta Olivia.
Carreras y el abogado de la otra querella, Luis Tagliapietra, hicieron exposiciones pormenorizadas sobre las condiciones en que se encontraba el submarino, los antecedentes de navegaciones problemáticas, las últimas llamadas prolongadas entre el 14 y el 15 de noviembre a la base en Mar del Plata que se prolongaron durante siete horas (indicador de la gravedad de lo que ocurría), las maniobras de encubrimiento después de la desaparición del submarino.
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Al momento de exponer, el fiscal Bellver sostuvo la misma calificación de estrago que había establecido la jueza Yáñez, pero adhirió a las acusaciones y pedidos de indagatoria de Macri, Aguad y Srur, y de un grupo de oficiales.
En rigor el submarino «debía ingresar a dique seco, es decir llevarlo a instalaciones portuarias para realizar las revisiones y/o reparaciones correspondientes, cada 18 meses», pero al momento de su partida «llevaba más de 44 meses» sin cumplir con ese requisito indispensable. Esa falencia «limitaba su operatividad en profundidad». Por esos motivos, a partir del 15 de noviembre de 2017 se produjo «una de las mayores tragedias mundiales de la historia naval en tiempos de paz y la más grave para nuestro país tras la Guerra de Malvinas», consigno el informe de la Bicameral que investigó el hundimiento del Ara San Juan.
