El Senado aprobó hoy y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que declara la emergencia social y propone elevar un 15 por ciento las asignaciones universales por hijo y por embarazo, que es rechazado por el Gobierno.
La iniciativa, que tuvo 45 votos a favor y 13 en contra, fue impulsada por los senadores Juan Manuel Abal Medina y Teresita Luna, del PJ-FPV, y Jaime Linares, del GEN, a partir del reclamo que desde hace meses sostienen organizaciones sociales como Barrios de Pie, la CCC y la CTEP, con apoyo de la CGT.
La alianza oficialista Cambiemos se resiste al avance de esta iniciativa debido al costo fiscal que implicaría y con el argumento de que no contempla el financiamiento, como lo expresaron los senadores de ese interbloque durante la sesión para justificar su voto en contra.
La aprobación por parte de la Cámara alta se produjo a dos días de que las organizaciones sociales marchen junto a la CGT a las puertas del Congreso para reclamar la sanción de la ley antes de fin de año, que dependerá ahora de la Cámara de Diputados.
El proyecto declara la emergencia social y alimentaria y propone, en ese contexto, un aumento del 15 por ciento de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo, así como también promueve la creación de un millón de puestos de trabajo bajo el programa de Ingreso Social con Trabajo.
Además, establece la creación del Consejo de la Economía Popular en la órbita del Ministerio de Trabajo, para que fije un «salario social complementario» destinado a los trabajadores de la economía informal.
Durante su defensa del proyecto, Abal Medina subrayó que la intención es dar «un paso importante para empezar a salir de la idea de planes sociales y pasar a la idea de planes de trabajo» mediante el programa de Ingreso Social.
Respecto del financiamiento de las medidas que dispone el proyecto, que no figura entre los artículos, el senador bonaerense sostuvo que se podría obtener «2.200 millones de pesos provenientes de grabar con el uno por ciento plazos fijos de personas físicas».
Señaló además que a eso se puede agregar la creación de un gravamen que recaiga sobre la explotación de tragamonedas y juegos de paño equivalente a un 20 por ciento de la rentabilidad bruta y señaló que en la Cámara de Diputados hay un proyecto que va en ese sentido.
Sobre el costo fiscal, sostuvo que «de aprobarse la emergencia social y alimentaria para noviembre, implicaría un costo de mil millones de pesos y para todo el año siguiente 11 mil millones de pesos» sólo en concepto de aumento en las asignaciones, esto es sin contar el millón de puestos de trabajo cuya creación es instruida por el proyecto al Ministerio de Desarrollo Social.
Por su parte, el radical Luis Naidenoff fue el primero de los oficialistas en fundamentar el rechazo de Cambiemos al proyecto, al reclamar «sentido de la responsabilidad» por parte de «los que fueron gobierno», y mencionó además la posibilidad de que sea vetado por el presidente Mauricio Macri si es convertido en ley.
«Más allá de que todos podemos compartir la inclusión de un millón de nuevos trabajadores, la necesidad de ampliar los montos en concepto de asignación o trabajar en serio con un plan de contingencia en materia alimentaria, no podemos hacerlo solo con la intención de lograr un título, el título de la emergencia», advirtió.
En este sentido, sostuvo que «a este proyecto le falta sentido de responsabilidad desde el financiamiento» y agregó: «Si el objetivo es tan chico de sancionar una ley para que el final sea el veto lo que se logra es generar una enorme expectativa para quienes la están pasando muy mal».
A su turno, la kirchnerista Virginia García discrepó con los miembros de su bloque al señalar que la iniciativa está marcada por el «voluntarismo» y que tiene «serias deficiencias de carácter técnica legislativa», pero aclaró: «Voy a acompañar porque reivindico la lucha de las organizaciones sociales».
El pampeano Daniel Loveram, del PJ-FPV, sostuvo por su parte que el Gobierno ha «reconocido» la emergencia a través de «las estadísticas del INDEC» y pidió «no tardar un minuto más» en la sanción del proyecto.
En el cierre del debate, el jefe interino del interbloque Cambiemos, Pedro Braillard Poccard, sostuvo que «cuando uno debe cambiar la realidad debe empezar por asumirla y eso ha hecho el gobierno al sincerar estadísticas».
Luego, afirmó que el Poder Ejecutivo «está haciendo un enorme esfuerzo para darle mejores posibilidades a los que hoy sufren» y sentenció: «No acompañamos (el proyecto) asumiendo todos los costos que eso implique, pero con la convicción de que se está haciendo todo lo posible».
