Este lunes, el gobernador Omar Perotti firmó un decreto mediante el cual instruye al fiscal del Estado de Santa Fe, Rubén Luis Wedder que inicie una inmediata y minuciosa investigación para determinar si efectivamente existieron las irregularidades en el Ministerio de Seguridad que investigan un grupo de fiscales.

Se trata del  decreto Nº2651/21, en el cual el mandatario provincial da cuenta de que «habiéndose efectivizado medidas judiciales en el ámbito del Ministerio de Seguridad de esta provincia,, dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación destinadas a recabar una serie de pruebas que hacen a investigaciones judiciales; es deber de este Poder Ejecutivo, instruir de manera inmediata la iniciación de los procedimientos administrativos necesarios» para determinar si «se han realizado conductas reñidas con el ordenamiento jurídico que rige su funcionamiento».

El texto señala que «a los efectos de dilucidar si se han infringido normas que regulan el funcionamiento del Ministerio de Seguridad y, en su caso, determinar, si existieran, las responsabilidades administrativas que correspondieren, es oportuno instruir al Fiscal de Estado – quien además de ser el asesor jurídico de este Poder Ejecutivo , tiene como facultad legal llevar a cabo las investigaciones y procedimientos disciplinarios – para que, a través de la Dirección de Auditoría y Sumarios dependiente de esa jurisdicción, inicie de manera inmediata los procedimientos administrativos que legalmente correspondan».

El pasado viernes ( y también este lunes) se realizaron una serie de procedimientos en las sedes de Rosario y de Santa Fe del Ministerio de Seguridad, requeridos por el fiscal Ezequiel Hernández, de la Fiscalía de Delitos Complejos de Santa Fe. En ese momento, y en medio de un absoluto hermetismo oficial, algunos trascendidos apuntaron contra el ex ministro Marcelo Saín y sus colaboradores,  a quienes se los estaría investigando por armar una estructura ilegal para espiar a dirigentes políticos, periodistas y empresarios.

En ese marco, este lunes el fiscal general Jorge Baclini detalló que «hay una investigación en curso bastante consolidada». «Los fiscales fueron informados de que se estaba destruyendo información y documentación. Naturalmente que eso amerita la presencia inmediata. Se obtuvo mucha información y documentación que estaba siendo destruida”.

“Nuestra idea es que no existan privilegios, que cualquier tipo de investigación maneje nuestro aval y los fiscales cumplieron con lo que la ley y la Constitución establece. En eso nosotros le damos todo nuestro respaldo”, remarcó el jefe de los fiscales.

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