Pedido de prisión a ex juez por crímenes de lesa humanidad

El ex juez de menores Luis María Vera Candioti esta siendo investigado por su responsabilidad en la retención y ocultamiento de una niña apropiada que recuperó su identidad en 1998.

Además, solicitó penas de 22 y 13 años para el ex teniente coronel Domingo Morales y para el ex coronel Carlos Enrique Pavón, respectivamente, y de 25 años para el ex comisario Juan Calixto Perizzotti, en el juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.

Vera Candioti, Pavón y Perizzotti fueron acusados por la Fiscalía de haber participado en la retención y ocultamiento y la alteración y supresión de estado civil de Paula Cortassa, hija de Blanca Zapata -asesinada- y de Enrique Cortassa -desaparecido-, sustraída durante el ataque del Ejército y la Policía a su casa en 1977.

El ex juez además fue acusado de prevaricato, es decir, resolver contra el derecho, en tanto Perizzotti fue responsabilizado por su intervención en 16 homicidios -entre ellos, los de los padres de la niña-, cuatro privaciones ilegales de la libertad y cinco casos de tormentos.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal acusó a Morales por tres homicidios y asociación ilícita, según la información publicada en el sitio Fiscales.org.ar.

El juicio, que comenzó en abril de 2015, fue el primero en la provincia de Santa Fe por apropiación de un menor durante la dictadura y Vera Candioti fue el único juez de Menores que tuvo la ciudad durante ese período.

Llegó a la función a través de un «decreto de facto» dictado por el vicealmirante interventor provincial Jorge Aníbal Desimoni y se desempeñó entre el 21 de octubre de 1976 y el 25 de abril de 1980.

Antes, entre 1958 y 1970 había sido policía, cargo que dejó para ser fiscal provincial, hasta su asunción como juez en 1976.

«Claramente, necesitaban de una persona de confianza para tan importante función, dentro del plan sistemático que cómo tantas veces se dijo en esta sala en este y en todos los juicios vinculados con el terrorismo de Estado, incluía la supresión de la identidad de los hijos de los denominados ‘delincuentes subversivos’ por las fuerzas policiales y militares», puntualizó Suárez Faisal en su alegato presentado ayer.

La niña había llegado al juzgado de Menores a través del Ejército, con un oficio firmado por el acusado Pavón, a quien el juez Vera Candioti «no se molestó en llamar a pedir explicaciones, resaltó el representante del Ministerio Público», agregó el fiscal.

Paula Cortassa, de 13 meses de edad, estaba junto a sus padres y otras personas cuando el Ejército y la Policía atacaron la casa de Castelli 4531 de la capital santafecina.

Según las pruebas difundidas en el proceso, tras el ataque, la niña fue «retirada de la casa por un agente policial envuelta en una sábana manchada con sangre», en tanto el juez «no acudió a otras autoridades judiciales ni a los medios de comunicación para difundir el caso de la niña».

El fiscal acusó a Vera Candioti de «alejar a la niña de cualquier posibilidad de que pueda ser identificada con su familia biológica» y que, por ese motivo, armó «un fraudulento proceso de adopción y salteó a las primeras veinte familias adoptantes para entregarla a un matrimonio de la ciudad de Venado Tuerto, situada a más de 350 kilómetros de Santa Fe».

Al juicio oral, que comenzó en abril de 2015, había llegado también como acusado el teniente coronel Jorge Roberto Diab, quien falleció al mes siguiente de iniciado el proceso.