El Juzgado Federal de Santa Fe determinó, a través de una resolución con fecha del 3 de mayo, que el ex ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, no cometió delitos que puedan calificarse como espionaje ilegal.

Cabe destacar que los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández acusan a Sain y a otros ex funcionarios de espionaje ilegal. Esta causa inició en noviembre pasado cuando se allanaron las sedes del Ministerio de Seguridad de la provincia ubicadas en Rosario y en Santa Fe, donde se habría encontrado material de interés para la causa.

Sin embargo, el Juzgado Federal -a través del juez Reinaldo Rodríguez- se declaró incompetente en esta causa, ya que entendió que no hubo delito de espionaje ilegal.

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Para fundamentar su postura, el Rodríguez consideró -entre otros aspectos- que “el Fiscal Federal actuante en la investigación no encuadra los hechos” en la figura penal de espionaje.

Además -y basándose en las observaciones del juez del Colegio de Jueces- destacó: “No hay información brindada por los Fiscales del Ministerio Público de la Acusación que permita afirmar con algo de suficiencia la tipicidad de las conductas investigadas en los términos de la ley de inteligencia nacional, dado que los tipos penales allí previstos o se refieren a autores calificados (funcionarios que cumplen funciones para entidades que regula aquella ley) o se refieren a divulgación de información recabada dentro de la actividad probatoria de aquellas agencias”.

En esta línea, el juez observó que el fiscal federal sostuvo que el hecho denunciado no es encuadrable en ninguna de las figuras penales que contempla la ley de Inteligencia Nacional (Nº 25.520), lo cual sería el “único supuesto en que la justicia federal resultaría competente para investigar”.

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Finalmente, el magistrado hizo referencia a la evidencia incorporada en el caso -aportada por los denunciantes- y aseguró que las mismas “dan cuenta de un registro producido ante una de las sedes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, aparentemente ordenado por autoridad provincial y efectuado por funcionarios del Organismo de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación”.

Por lo expuesto, el Juzgado Federal de Santa Fe se declaró incompetente para juzgar este caso, ya que entendió que no hubo delitos de espionaje, y remitió la causa a la Unidad Fiscal dependiente del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.