Tras la visita del ministro de Infraestructura, José Garibay, a la legislatura, el diputado provincial del Partido Progreso Social Héctor Cavallero manifestó su preocupación por el estado actual de la autopista Rosario-Santa Fe, tanto en el aspecto material por falta de mantenimiento como en el aspecto legal y financiero por la anunciada “rescisión acordada” del contrato de concesión.

“Arssa ganó la licitación y a los 10 días hizo una presentación en la cual confirmaba que encontraba daños estructurales en la autopista, mayores a los evaluados en la propuesta económica inicial. El gobierno de la provincia nunca contestó esa presentación que tenía implicancias graves las cuales prácticamente anunciaban el incumplimiento de las cláusulas contractuales, como por ejemplo, la repavimentación total de la traza. Es decir que a la concesionaria Arssa le correspondía repavimentar 314 kilómetros durante los primeros cinco años y eso no se llevó a cabo”, sostuvo el legislador.

«El incumplimiento es notable debido a que el Ejecutivo provincial confirmó que se hará cargo del total de las obras del trazado de la autopista las cuales le hubiera correspondido realizar a la concesionaria. Mas grave aún porque el ministro Garibay confirmó que las obras se llevarán a cabo a través de vialidad provincial y le costarán aproximadamente 3.200 millones de pesos a los santafesinos teniendo en cuenta que el kilómetro está valuado aproximadamente en 10 millones de pesos”, confirmó Cavallero.

Por tal motivo, los legisladores solicitan al ministro de Infraestructura de la provincia conocer el informe de auditoria de control económico y estructural elaborado por la Universidad de Rosario, acceder al informe especial del Tribunal de Cuentas y del organismo de control dependiente del ministerio, como así también conocer la totalidad del documento de “rescisión acordada” firmada entre el gobierno y la concesionaria Arssa.

“Es fundamental e indispensable poder acceder a esa documentación ya que también en la negociación nunca se discutió la rescisión, por parte de la provincia del contrato con Arssa para la realización del tercer carril. Esto último abre la posibilidad cierta y concreta de un juicio al Estado por parte de la empresa por la rescisión unilateral del contrato de la concesión del tercer carril”.

Por último, destacan que resulta incomprensible que en lugar de rescindirle el contrato por incumplimiento y ejecutar los fondos de garantías de caución y dejar abierta la vía para reclamar los daños y perjuicios que el mismo ha ocasionado a la provincia, el gobierno opte por una rescisión de «mutuo acuerdo» dejando en manos de Arssa la recaudación del peaje por un tiempo aún indeterminado con la única contraprestación de mantener los puestos de trabajo, cortar el pasto y cobrar el peaje dejando a la deriva a los usuarios de esta autopista.