Por: Marcelo Chibotta / Foto: Florencia Vizzi
Conclusión entrevistó a Pablo Cerioli, miembro del directorio por parte del Estado de la empresa Papel Prensa S.A., integrada también por los diarios Clarín y La Nación.
En la misma, ilustra sobre algunos de los puntos más relevantes que surgieron a la luz, después que la Presidenta presentara en 2010 el informe “Papel Prensa, la verdad”.
La relación con la dictadura, la denuncia de muertes, torturas y amenazas, y la apropiación ilegal de la empresa, son algunos de los puntos desarrollados por uno de los tres directores por parte del Estado que integran la única empresa proveedora de papel de diarios de la Argentina.
—¿Cuándo cobró fuerza informativa la cuestión de Papel Prensa?
—Durante el año 2010, por instrucciones del secretario de Comercio Interior (Guillermo Moreno), los tres directores de Papel Prensa designados en el año 2009 por la Presidenta, realizamos un informe que se llamó “Papel Prensa, la verdad”.
Una vez terminado, la Presidenta lo presentó por cadena nacional y a partir de ahí, instruyó a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que lleve la causa a la justicia penal.
—¿Por qué dispuso eso?
—El encuadre que le da la Justicia Penal es el de delito de lesa humanidad, lo cual lo hace imprescriptible, debido a que la apropiación por parte de los diarios de la empresa Papel Prensa, se hizo bajo métodos extorsivos y en el marco del ‘Circuito Camps’, en plena dictadura (NdeR: ‘Circuito Camps’ es la denominación que se le da a los centros clandestinos de detención que operaron durante la dictadura cívico-militar, en la ciudad de La Plata, bajo el mando del general Ramón Camps). Los diarios en ese momento eran Clarín, La Nación y La Razón. Este último se fundió y hoy los propietarios son el Grupo Clarín, con otra empresa que se llama Simeco que representa a los diarios de Mendoza y Córdoba, y La Nación, además del Estado nacional. Esa es la composición accionaria mayoritaria. Además, Papel Prensa cotiza en bolsa con una porción muy chiquitita pero eso es lo que hace que la Comisión Nacional de Valores sea autoridad de regulación. A partir de ese informe que hicimos en el año 2009 y de la presentación que hizo la Secretaría de Derechos Humanos en la Justicia, el caso empiezó a ir de una cámara a la otra, de un juez que se la pasó a otro y quedó radicado en la Justicia Federal de la Capital Federal, a cargo del juez Julián Ercolini que es quien la tiene hoy en su poder. El primero de los jueces que se excusó de esta causa fue el juez Daniel Rafecas y la mandó a La Plata, que era donde se estaban tramitando en ese momento todas las causas vinculadas al “Circuito Camps”.
—¿Por qué el juez Daniel Rafecas se excusa?
—Rafecas se excusó en esta causa porque dijo que no le correspondía, pero en el proceso en el que se excusó, dijo que hay una vinculación inescindible entre la apropiación de Papel Prensa y la violación de los derechos humanos por parte de la dictadura cívico-militar. Dijo que esa relación es inescindible porque todos los integrantes del grupo Graiver, que eran los propietarios de Papel Prensa en el año 1975, fueron obligados a vender bajo presión en el año 1976 debido a que fueron secuestrados y estuvieron en carácter de desaparecidos en el año 1977. Además, fueron torturados en los campos de concentración que tenía la policía de la provincia de Buenos Aires, en el “Pozo de Banfield”. Además, el que era en ese momento el apoderado (Jorge Rubinstein) murió en la tortura y causa llamativa atención que en la historia de Papel Prensa el que firmó el certificado de defunción y no aclaró que fue muerto en la tortura, es un perito que es muy nombrado por estos días que es Osvaldo Raffo, el perito de parte de la jueza Arroyo Salgado que está actuando en la muerte de Nisman. Ese mismo Raffo es el que mintió en esa época, encubriendo a la bonaerense en la autopsia de Rubinstein que era el abogado y el apoderado del grupo Graiver.
—¿Quiénes de aquellos protagonistas quedan vivos?
—Fundamentalmente quedan dos, que son la esposa de David Graiver, Lidia Papaleo y Rafael Iannover, que era el testaferro de David Graiver. Lo que vale contar es que Patricio Peralta Ramos, el director del diario La Prensa que se murió en 2010, en su lecho de muerte le confesó a Guillermo Moreno que toda la operación de la compra de las acciones de Papel Prensa fue realizada e ideada por Héctor Magnetto. Volviendo a los que aún viven, Lidia Papaleo y Rafael Ianover ya declararon, y los que faltan declarar ahora son los imputados, pero como la Justicia argentina está manejada por las corporaciones, el juez Julián Ercolini, para ser funcional al monopolio mediático, lo que hizo fue pedir una auditoría para evaluar el valor de la propiedad en el momento de la venta. Entonces, cuando el fiscal pide el llamado a indagatoria de Magnetto (Clarín) y de (Bartolomé) Mitre (La Nación), el juez Ercolini lo deniega porque dice que no está terminada la pericia contable que determina el valor de la empresa. Esto sucedió hace algo más de un mes y llamativamente, a esta resolución de denegar la indagatoria, el juez Ercolini la tomó en 20 horas aproximadamente, es decir en menos de un día. Resulta que hace más de tres años que tiene la causa absolutamente parada y no hizo nada y en menos de 20 horas resolvió el no llamado a indagatoria. Después, el fiscal apela ante el mismo juez y en 23 horas, superando su marca anterior, volvió a negar el llamado a indagatoria. Y la cosa no termina ahí. El fiscal va a la Cámara a quejarse por esta negación al llamado a indagatoria y lo que la Cámara hizo es llamar a una audiencia para ver si al fiscal le dan una posibilidad de hacer el llamado a indagatoria. Esto muestra que el juez Ercolini es absolutamente cómplice y funcional a los intereses del grupo mediático, con lo cual todo lo que va a hacer es lo que Magnetto le indique. Por todo ello, la causa va a tener un camino muy tortuoso en la medida que todo aquello que sea solicitado, calculamos que va a ser denegado tal como se ha manifestado históricamente este juez.
—¿Y qué dice la secretaría de Derechos Humanos al respecto de ese argumento?
—La posición de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, es que en definitiva no importa el valor que tenía la empresa en el momento de la venta porque puede valer más, puede valer menos o lo que en realidad valía, pero el acto de apropiación de la empresa fue hecho bajo coerción a través de una tortura, con lo cual el valor pasa a ser irrisorio o no tiene absolutamente sentido. En este sentido, Lidia Papaleo declaró que cuando ella estuvo en la oficina del diario La Nación, cuando ella iba a firmar compulsivamente la venta de las acciones, Magnetto le dijo que tenía que firmar para salvar su vida y la de su hijo.
—¿Estima el tiempo que podría durar la causa hasta su finalización?
—En definitiva, es muy difícil pensar en una resolución a corto plazo, porque en la medida que no se resuelva el problema de la Justicia, no se va a resolver la causa que tiene esa Justicia. Y además, el juez Ercolini es uno de los operadores del “partido judicial” que denunció la presidenta, por eso el problema acá no es el juez Ercolini, es el partido judicial cuyo jefe es el presidente de la Corte Suprema. Está todo muy complicado. Esta causa, y tal como decíamos antes lo de Raffo, es una causa en la cual sistemáticamente las personas se reciclan. Por ejemplo, José Pirillo, que fue una persona que compró las acciones de La Razón, hizo la denuncia de que los pagos para la construcción de la planta de San Pedro de Papel Prensa, se realizaron con los retornos que recibían de las empresas constructoras, además del dinero que puso el Estado. Todo ello fue una maniobra ilegal y los diarios se quedaron con la empresa sin pagar absolutamente un peso. Cuando nosotros buscamos en los balances de La Razón la erogación que había significado eso, no existía y tanto Clarín como La Nación se negaron a entregar los balances de esa época porque obviamente no pueden justificar con qué dinero compraron Papel Prensa.
—¿Cuáles son las razones por las cuales los directores del Estado tienen un juicio en contra, llevado adelante por la empresa?
—Papel Prensa nos está haciendo a los directores por parte del Estado un juicio desde el año 2011 ¿Razones? No hay ninguna. En realidad la gestión de los directores tiene que ser aprobada por la asamblea de accionistas de acuerdo a la ley de sociedades, y decidieron no aprobar la gestión de los directores por parte del Estado. Los accionistas del capital privado, que tienen mayoría en la asamblea, no nos aprobaron la gestión y nos hicieron un juicio. No hay una razón real, la única razón es que son mayoría en la asamblea. Y en el marco de ese juicio, hace un par de semanas que presentaron una demanda contra nosotros que manifiesta nuestra intención de “desaparecer” de las reuniones, poniendo la palabra desaparecer entrecomillada y por ello nosotros, en la contestación de esa demanda, le pedimos al juez que mande a testar esa palabra.
—¿Por qué solicitaron eso?
—Porque la palabra desaparecer, puesta entre comillas por los que fueron socios de la dictadura, y siendo el mismo discurso que usaba la dictadura para decir que los desaparecidos en realidad habían decidido desaparecer, nos parece que es una palabra extremadamente fuerte y que es una amenaza encubierta contra nosotros.
