El fiscal de primera instancia de la Seguridad Social, Gabriel de Vedia, reclamó que el fallo de la jueza federal Viviana Patricia Piñeiro, quien dictó una medida cautelar contra la quita de pensiones por discapacidad por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sea aplicable a toda la Argentina.
De esta manera, se dio lugar al amparo presentado por Sergio Massa y Daniel Arroyo, ambos del Frente Renovador, para que el gobierno nacional dé marcha atrás en el plazo de los ocho días.
La magistrada había declarado su incompetencia territorial para intervenir en un amparo individual y colectivo al sostener que la cuestión de fondo debía dirimirse en los Juzgados Federales de San Martín.
Para esto, la jueza explicó que el niño y la madre que comenzaron con su denuncia para seguir percibiendo la pensión residen en General Pacheco, partido de Tigre, y que además ya existían «procesos iniciados en otras jurisdicciones».
Por ese motivo, Piñeiro también había limitado el alcance de la medida cautelar a quienes habitan y cobran las prestaciones dentro de esa zona. Ante esta situación De Vedia, a cargo de la Fiscalía 1 de Primera Instancia de la Seguridad Social, apeló la decisión y señaló que la jueza está legitimada para intervenir en la causa.
De Vedia explicó que debe rechazar la sentencia en cuestión, al considerar que produce un daño irreparable a un colectivo social en situación de vulnerabilidad, además de encontrarse comprometidos «la legalidad y los intereses generales de la comunidad», informó el sitio oficial Ministerio Público Fiscal.
El fiscal entendió que existió una confusión que llevó a Piñeiro «a un yerro jurídico en su resolución», en la que se confundió «legitimación, con efectos expansivos de las sentencias».
El representante del Ministerio Público señaló que «el litigio se da entre el afectado y sus colaboradores y el Estado demandado», y que «de la sentencia que los mismos obtengan en este pleito, de ser el resultado favorable, se beneficiarán todos los afectados del País».
De esta manera, el fiscal reclamó que la cautelar se aplique «en el marco particular de los procesos colectivos», ya que a la denuncia inicial se le habían sumado otros damnificados e incluso el apoyo extrajudicial del diputado nacional Sergio Massa y el ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires Daniel Arroyo.
De Vedia instó a la Justicia «a revocar la limitación de la medida cautelar dictada» y «a declararse extensiva a todos los afectados por el marco normativo aquí denunciado, cualesquiera resulte el lugar del territorio argentino en el que se encuentren».
